La propuesta de modificación de estatutos que se propone para VIVA supone un cambio en el objeto social de la sociedad, ahora centrada en la gestión de la vivienda pública (tanto compra como alquiler) y su adjudicación con fines sociales, ya que uno de los cambios propuestos es eliminar la referencia a la colaboración y coordinación con los planes sociales municipales en materia de vivienda. Algo que permitía la estrecha colaboración con las áreas municipales de servicios sociales tanto en la adjudicación como en el seguimiento de los diferentes planes municipales de vivienda.
Queremos recordar que esta ha sido la principal ocupación de la sociedad municipal en los dos últimos mandatos, donde se le ha dado un fuerte impulso a la compra de vivienda pública desde el ridículo número de 12 en 2015 a 250 en la actualidad y con la puesta en marcha de otros programas de alquiler de vivienda privada a través de la sociedad que han permitido garantizar una vivienda digna a muchas familias que no pueden acceder a ella a los precios del mercado.
Desde nuestro punto de vista, este cambio es muy grave porque propone que la sociedad municipal ahora pueda realizar nuevas tareas tales como elaborar protocolos y convenios en el Área de Urbanismo, Rehabilitación y regeneración urbana, así como la gestión de proyectos estratégicos, la protección y gestión del patrimonio histórico y la recuperación de inmuebles singulares y la dirección, impulso y gestión de los grandes proyectos de transformación urbana de este equipo municipal, tales como el soterramiento o la ciudad de la justicia.
A nuestro entender, todos estos asuntos requieren de un impulso político, no técnico. No entendemos muy bien por qué salen del área de urbanismo y se adjudican a la sociedad municipal cuando los servicios y áreas municipales ya manejan administrativamente estos asuntos con agilidad y con un mayor control y dependen de la labor política del concejal de urbanismo.
Además, se elimina la función interventora de la sociedad, que ya no será ejercida por la Intervención General del Ayuntamiento de Valladolid, así como la obligación de dar cuenta de la liquidación del presupuesto y las cuentas cada año. Sabemos que hay otras formas de que la sociedad cumpla con la ley en este campo, pero tenemos una intervención municipal que puede y debe ejercer estas funciones también en esta sociedad municipal y preferimos la gestión directa y por nuestros propios servicios municipales ante otras opciones.
Con todo, lo más preocupante del cambio propuesto y el viraje que da la sociedad municipal del suelo y la vivienda es que no hay un plan de viabilidad de la sociedad para abordar todas estas nuevas tareas y funciones, ni en el aspecto funcional, ya que con el personal existente en estos momentos es imposible asumir más tareas, ni en el económico, donde parece que no se prevé un incremento sustancial del presupuesto para el 2024.
Se nos dice que habrá encomiendas de gestión de los diferentes asuntos en cada momento, pero realmente no se sabe cómo se van a poder asumir dichos encargos.
La chapuza y la improvisación parecen el sello de gestión de este nuevo gobierno municipal, al que se le ocurren ideas que no dudan en poner en marcha sin tener informes técnicos que las avalen y que no pongan en peligro los servicios municipales y los servicios que estamos obligados a ofrecer a la ciudadanía de Valladolid.
Al igual que hicimos en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad que propuso esta modificación en pleno puente (por si acaso faltábamos y así era más fácil), votaremos en contra de este cambio de los estatutos de VIVA.
