La concejala socialista, Sonia Rodríguez, ha lanzado duras críticas contra el Gobierno bipartito formado por el Partido Popular y Vox, acusándolos de llevar al borde del colapso a los Servicios Sociales de Burgos. Rodríguez señala que el acuerdo entre ambas formaciones “se ha revelado como letal para la solidaridad de esta ciudad y para sus servicios sociales”.
La edil destaca que las primeras señales del deterioro comenzaron con la eliminación del convenio con la Coordinadora Provincial de la Memoria Histórica, seguida de decisiones que afectaron a sindicatos y redujeron la solidaridad internacional que había caracterizado a la ciudad durante años. “Ahora, nos enfrentamos a una nueva ruptura de este principio de solidaridad con la eliminación de subvenciones a entidades como Accem, Atalaya y Burgos Acoge”, denunció Rodríguez.
Según la concejala, esta medida tendrá un impacto devastador en los servicios sociales municipales. “Denota una ignorancia supina, un desconocimiento suicida del funcionamiento de los servicios sociales de nuestra ciudad”, afirmó, advirtiendo que las decisiones del bipartito ignoran el hecho de que estas entidades trabajan en estrecha colaboración con el sistema público.
Rodríguez también remarcó que las decisiones actuales “no solucionan problemas, sino que los generan”, haciendo hincapié en la gestión del equipo de gobierno anterior, que afrontó crisis como la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis de refugiados con el apoyo de las entidades sociales. “Este equipo de gobierno no enfrenta factores externos que condicionen su trabajo. Los problemas los crean ellos, y las consecuencias serán muy graves”, sentenció.
La socialista subrayó la importancia legal y moral de garantizar apoyo social a todos los vecinos de Burgos, recordando que el municipio ha establecido un ecosistema de colaboración con entidades privadas que ha demostrado ser esencial. “A través de estos convenios, se proporciona asesoramiento social y jurídico, alojamiento, apoyo en la búsqueda de vivienda y programas de cohesión social”, detalló Rodríguez, añadiendo que eliminar estos convenios es destruir un marco de cooperación fundamental.
Las personas migrantes, que representan más del 20% de la población burgalesa, se verán gravemente afectadas por esta decisión. Rodríguez advirtió que si el Ayuntamiento no recurre a las entidades para gestionar estos servicios, tendrá que asumirlos con medios propios, lo que sería “más costoso y menos eficaz”. “Las entidades sociales multiplican por cien la inversión del Ayuntamiento, y su conocimiento especializado no puede reemplazarse fácilmente”, puntualizó.
Finalmente, Rodríguez manifestó su profunda preocupación por las consecuencias inmediatas de esta medida. “Los servicios sociales están al límite. La atención a la dependencia y a la infancia ya es crítica, y esta situación pone en riesgo de colapso todo el sistema”, alertó. Aunque las entidades seguirán trabajando, la relación con el Ayuntamiento se verá seriamente afectada. “Esta decisión dinamita el ecosistema de servicios sociales de nuestra ciudad. Es una monstruosa irresponsabilidad”, enfatizó.
La concejala también lamentó que el Partido Popular no aproveche la oportunidad de romper con Vox y termine con esta situación, a pesar de la oferta del PSOE para apoyar los presupuestos. “La misma responsabilidad tienen Vox y el Partido Popular, unos por acción y otros por omisión”, concluyó.
