La Asociación Vecinal La Calle, integrada en la Federación de asociaciones vecinales Antonio Machado, ha puesto en marcha una campaña de recursos de reposición masivos contra la liquidación de la nueva tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos que el Ayuntamiento ha comenzado a notificar. La entidad sostiene que la medida incurre en doble tributación y que la previsión recaudatoria supera con holgura el coste real del servicio.
La asociación argumenta que el coste del servicio figura ya cubierto vía IBI y denuncia que la retasa “no es un servicio nuevo ni diferenciado, sino una duplicación encubierta”. En la misma línea, asegura que, según la documentación municipal, el coste real se sitúa por debajo de 800.000 euros, mientras que la previsión de ingresos por la nueva tasa supera el millón y medio, lo que, afirman, “convierte una tasa en un impuesto paralelo”. También critican que no se haya aprobado el padrón antes de iniciar las notificaciones y que el envío coincida con las fiestas locales. Como ejemplo de impacto, señalan un recibo de 125 euros para un domicilio con una sola persona y valor catastral de 30.000 euros, un importe que —subrayan— queda desligado de la generación real de residuos.
Para articular la respuesta, la AV La Calle ha preparado modelos de recurso individuales disponibles en su web (apartado retasa), con instrucciones para solicitar la anulación de la liquidación, no firmar la conformidad al recibir la notificación y marcar la casilla “rehusa”. Añaden que, si ya se abonó por desconocimiento, es posible recurrir y pedir la devolución por improcedente. “Esto no es solo un problema legal… es una retasa confeccionada por este Ayuntamiento… que genera un problema de justicia social”, advierten, al tiempo que no descartan “convocar nuevas movilizaciones” si no hay rectificación municipal.
La asociación llama a la ciudadanía a presentar los recursos dentro del plazo legal para frenar lo que califica de “abuso fiscal” y “política de recaudación a costa de la ciudadanía”.
Además, alertan de una posible vulneración de la normativa de protección de datos: en una notificación previa de la aprobación inicial, aparecían nombres y apellidos de quienes formularon alegaciones. Según trasladan, la Agencia Española de Protección de Datos ha comunicado que el Ayuntamiento “no se adecua al principio de minimización de datos”, pues “no era necesario publicar el nombre y apellidos de las personas que formularon alegaciones” y habría bastado con un número de registro y la decisión adoptada.
