Retortillo ha tomado una decisión contundente que afecta directamente a la empresa australiana Berkeley. En una reciente sesión extraordinaria, la nueva corporación municipal acordó por unanimidad cancelar la licencia urbanística parcial que se había otorgado a Berkeley Minera España en 2020. Esta decisión declara la caducidad de dicha licencia, poniendo en jaque el ambicioso proyecto de la mina de uranio a cielo abierto.
La alcaldesa socialista, María del Carmen González Calderón, quien asumió el cargo en mayo tras las elecciones, ha sido clara en su postura. Aunque no tiene objeciones personales contra la empresa, se opone firmemente a la explotación minera en Retortillo. Esta postura se refuerza con la reanudación del expediente sancionador por graves faltas urbanísticas atribuidas a Berkeley. Se señala, en particular, la construcción de una balsa y el desvío de una carretera provincial sin las licencias adecuadas.
Jesús Cruz, fundador de la plataforma Stop Uranio, ha sido una voz crítica constante contra el proyecto. Según Cruz, estos expedientes deberían haberse resuelto por las administraciones anteriores, pero se dejaron de lado debido a posibles intereses compartidos con la empresa minera.
Por su parte, Berkeley ha expresado que aún no ha recibido notificación oficial sobre esta decisión. Hasta la fecha, la empresa ha enfrentado desafíos con el Ministerio para la Transición Ecológica, y ahora se suma el desafío del gobierno municipal. A pesar de estos obstáculos, cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León, de PP y VOX.
La inversión propuesta por Berkeley en la región asciende a 80 millones de dólares. Sin embargo, con la reciente decisión del Ayuntamiento de Retortillo, el futuro de este proyecto queda en el aire, generando incertidumbre sobre el impacto económico y ambiental en la región.
