En España, el suicidio ha tomado un cariz alarmante, convirtiéndose en una «pandemia silenciosa» que ha mostrado un incremento preocupante. Esta situación se ha consolidado como la principal causa de muerte no natural en 2021 y 2022, según datos del Observatorio del Suicidio en España. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado que en 2021, 4.003 personas perdieron la vida por suicidio en el país, siendo esta cifra predominantemente masculina, con una tasa 2,92 veces superior al de mujeres.
Un dato que resalta es el incremento de suicidios en menores de 15 años, que pasó de 14 en 2020 a 22 en 2021. Además, en el grupo de 15 a 29 años, también se observó un aumento, pasando de 300 a 316 suicidios. Centrándonos en Castilla y León, en 2021 se registraron 236 muertes por suicidio, distribuidas en 168 hombres y 68 mujeres. Esto representa un incremento del 3,5% en comparación con 2020. La tendencia en Castilla y León ha sido ascendente, con un aumento constante de muertes por suicidio desde 2017.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido objetivos claros para los gobiernos: reducir la tasa de mortalidad por suicidio un 15% para 2023 y un tercio para 2030. Para alcanzar estas metas, ha publicado guías como ‘Prevenir el suicidio. Un imperativo global’ y ‘Live life’ para la prevención del suicidio en los países. La situación ya era crítica antes de la pandemia, pero se ha exacerbado con la llegada del coronavirus. Las cifras del INE confirman las advertencias de médicos y psiquiatras sobre el deterioro de la salud mental debido a la pandemia, confinamientos y crisis económica.
Evitar el suicidio con políticas públicas.
La importancia de las políticas públicas de salud mental es innegable. Estas políticas no solo deben centrarse en el tratamiento, sino también en la prevención y detección temprana. La formación adecuada de los profesionales de salud, así como de otros actores clave como los docentes, es esencial para identificar a las personas en riesgo y proporcionarles el apoyo necesario.
La situación de la salud mental en España, y en particular en Castilla y León, es preocupante. A pesar de la creciente necesidad de atención, el sistema muestra una baja capacidad de respuesta. España cuenta con menos psiquiatras y psicólogos clínicos que la media europea, enfrentándose «sin recursos» a un pico histórico de suicidios infantiles. En 2021, 22 niños menores de 15 años se suicidaron, un 57% más que en 2020. Estos datos alarmantes reflejan la falta de profesionales de salud mental para abordar esta situación.
La Junta actúa, pero solo a medias.
La Junta de Castilla y León, por su parte, ha sido objeto de críticas por la retirada de 55 plazas de orientador para Salud Mental de las oposiciones, a pesar de haber anunciado un plan de actuación para detectar de forma precoz los problemas de salud mental en niños y adolescentes. Esta decisión ha generado preocupación y descontento entre los profesionales y sindicatos del sector.
La falta de inversión en salud mental es evidente. A pesar del aumento de suicidios y tentativas, la inversión relativa en salud mental no se está produciendo. El coste total de los problemas de salud mental en España asciende a más de 45.000 millones de euros, un 4,2% del PIB. Sin embargo, el porcentaje del gasto total en Sanidad destinado a la salud mental se situaba en un 5% en 2013, y en 2017, este porcentaje fue del 3,7% sobre el total del gasto en atención sanitaria especializada.
Dinamarca muestra el camino.
Frente a este panorama, el enfoque danés emerge como un modelo a considerar. Dinamarca ha implementado un sistema que enfatiza tanto la prevención como el tratamiento de los problemas de salud mental. Este sistema ofrece servicios a nivel comunitario e individual, incluyendo actividades culturales y de ocio para mitigar la ansiedad y la depresión. La experiencia danesa demuestra que es posible abordar los problemas de salud mental de manera integral, combinando la atención clínica con el apoyo comunitario.
Es urgente que en Castilla y León, y en España en general, se tomen medidas urgentes para fortalecer el sistema de salud mental. La inversión adecuada, la formación de profesionales y la implementación de políticas públicas efectivas son esenciales para abordar esta crisis.
