Salamanca se encuentra en el ojo del huracán político tras las recientes demandas del PSOE al alcalde Carlos Gª Carbayo. La polémica surge alrededor del albergue municipal Lazarillo de Tormes, y la acusación de que se alojó a refugiados ucranianos bajo condiciones inadecuadas. En el epicentro de la controversia, el PSOE exige a Carbayo que rinda cuentas sobre el alojamiento de los refugiados en el albergue Lazarillo de Tormes, cuestionando la idoneidad de las instalaciones durante su uso como refugio.
Durante la última sesión plenaria, el concejal de Juventud, Pedro Martínez, admitió que el albergue no se encuentra operativo debido a deficiencias significativas. Tales declaraciones han avivado las llamas de un debate que pone en tela de juicio la gestión del alcalde y su equipo. La instalación, cerrada desde el inicio de la pandemia, no ha retomado su actividad habitual, pero sí ha servido de cobijo temporal para ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra.
El PSOE señala que, en marzo de 2022, el albergue acogió a 73 personas, y para septiembre, 60 individuos aún residían allí. La preocupación radica en si estas personas estuvieron viviendo en un espacio que ahora se considera no habitable. La exigencia de una explicación detallada sobre las condiciones del albergue Lazarillo de Tormes durante la estancia de los refugiados se ha convertido en un clamor dentro del consistorio.
La formación socialista no solo busca respuestas, sino también una disculpa pública si se confirma que el albergue no cumplía con los estándares de habitabilidad. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una transparencia total en la gestión de recursos municipales, especialmente cuando se trata de la dignidad y el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad.
