La Policía Nacional ha puesto fin a un prolongado caso de acoso a través de internet, deteniendo a la ciberacosadora el pasado 23 de noviembre en Valladolid. Esta detención marca un hito en la lucha contra el acoso en línea, un fenómeno cada vez más preocupante en la era digital.
La investigación, que se extendió por más de dos años, se originó a partir de dos denuncias presentadas en 2021 en la Comisaría de Delicias. Las víctimas, aterrorizadas, reportaron un acoso constante y perturbador: perfiles falsos en redes sociales y llamadas anónimas a horas inusuales, creando un ambiente de miedo y ansiedad.
El Grupo de Ciberdelincuencia-Investigación Tecnológica, tras un meticuloso trabajo, logró conectar estos incidentes iniciales con otros cuatro casos reportados en 2023. En estos, la acusada empleó una táctica similar, pero en una red social diferente, ampliando su red de acoso y terror. Las víctimas, sometidas a un constante bombardeo de llamadas y mensajes de índole sexual, vivieron una pesadilla que parecía no tener fin.
Hacía la vida imposible a sus exparejas.
El modus operandi de la ciberacosadora era despiadado: tras terminar relaciones sentimentales, se dedicaba a hacer la vida imposible tanto a sus exparejas como a sus círculos cercanos. Utilizando el anonimato que proporciona Internet, creaba perfiles falsos y realizaba llamadas anónimas, generando un estado de ansiedad y estrés insoportable en sus víctimas.
Finalmente, la identificación y detención de la autora de estos actos viles ha sido un alivio para las víctimas. La acusada, ahora a disposición del Juzgado de Instrucción Número Cinco de Valladolid, enfrenta serias consecuencias legales. El juzgado ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas, un paso crucial para garantizar su seguridad y bienestar.
La Policía Nacional ha emitido un recordatorio sobre la gravedad del acoso en línea, enfatizando la responsabilidad penal que conlleva. Este tipo de conducta, conocida como «stalking», fue introducida en la reforma del Código Penal de 2015 y puede resultar en penas de prisión de hasta dos años, además de multas significativas.
