El Ayuntamiento de Salamanca, bajo el gobierno del Partido Popular (PP), ha anunciado medidas para limitar los apartamentos y viviendas de uso turístico. Esta semana, la Comisión de Fomento y Patrimonio presentó el borrador de una Ordenanza Municipal que restringirá las licencias para estos alojamientos. Según el concejal de Fomento, Fernando Carabias, la medida busca proteger tanto a los usuarios como a los residentes locales, además de combatir el intrusismo y la competencia desleal.
El aumento de la oferta de pisos turísticos en Salamanca ha generado preocupación por su impacto en el parque residencial y la calidad de vida en la ciudad. La nueva Ordenanza, resultado de una consulta participativa con profesionales del sector y otros interesados, se someterá a votación en el pleno municipal. Una vez aprobada, entrará en vigor quince días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Regulación y sanciones más estrictas.
El PP, que históricamente ha promovido una postura de desregulación, ahora, en el Ayuntamiento de Salamanca, opta por imponer medidas que limitan los alojamientos turísticos en Salamanca. Carabias explicó que esta Ordenanza es necesaria para proteger los derechos de los usuarios y vecinos, y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los infractores se enfrentarán a multas que varían entre 2.000 y 50.000 euros. Además, se podrán imponer medidas correctoras y suspender actividades de forma cautelar hasta que se subsanen los incumplimientos. Un registro oficial inscribirá las actividades con licencia ambiental y comunicación de inicio, facilitando el control y la supervisión.
Condiciones y obligaciones para los titulares.
Los apartamentos y viviendas de uso turístico deberán cumplir con una serie de requisitos específicos. Estos alojamientos deberán situarse preferentemente en plantas bajas o primeras plantas y contar con sistemas adecuados de evacuación de aire. Los salones, dormitorios y cocinas deben tener iluminación natural y ventilación que cumpla con la normativa vigente.
Los propietarios serán responsables de mantener las instalaciones en condiciones óptimas de seguridad, limpieza y salubridad, además de contar con un seguro de responsabilidad civil. Deberán también evitar molestias a los vecinos, cumpliendo con los estándares de seguridad contra incendios establecidos por el Código Técnico de la Edificación.
Inspección y cumplimiento.
Para asegurar el cumplimiento de la Ordenanza, el Ayuntamiento de Salamanca realizará inspecciones a través de la Policía Local. Estas acciones de control estarán acompañadas por un régimen sancionador que contempla multas y medidas correctoras, con el objetivo de garantizar que todas las actividades de alojamiento turístico se desarrollen dentro del marco legal establecido.
El Partido Popular, conocido por su oposición a la intervención estatal en el mercado, parece haber descubierto la importancia de regular el mercado de la vivienda a nivel municipal. Sin embargo, a nivel nacional, el PP ha mostrado una postura que favorece la especulación y la entrada de fondos buitres, resistiéndose a implementar medidas de control de precios del alquiler o de intervención directa en el mercado inmobiliario. Esta postura ha facilitado la especulación y ha permitido que grandes inversores adquieran propiedades a bajo costo, exacerbando la crisis de vivienda y dificultando el acceso a la misma para muchas personas.
Situación en Segovia.
En Segovia, la situación es alarmante y la preocupación por el acceso a la vivienda es creciente. Los precios tanto de compra como de alquiler han mostrado un aumento que no para de crecer. En junio de 2024, el precio medio de venta de viviendas en Segovia se situó en 1.311 euros por metro cuadrado, con un aumento del 7,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por otro lado, el precio del alquiler también ha experimentado un notable incremento, alcanzando los 10,7 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 18,1% respecto a mayo de 2023.
Este incremento en los costos de vivienda está limitando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menores ingresos. La falta de una regulación efectiva y la entrada masiva de fondos buitres que compran propiedades para especular con ellas han agravado la situación, haciendo que cada vez más personas tengan dificultades para encontrar una vivienda asequible.
A nivel nacional, el PP ha mostrado una clara resistencia a medidas como el control de precios del alquiler, argumentando que podrían reducir la oferta de viviendas disponibles y empeorar los problemas de accesibilidad. Esta postura, al favorecer la compra de propiedades por grandes inversores, ha intensificado la crisis de vivienda y ha dificultado el acceso a una vivienda para muchas familias.
