El diputado Julio Pereda, portavoz en la Diputación de Valladolid de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo y Alianza Verde, ha anunciado la presentación de una iniciativa para la creación de un foro de debate en el seno de la institución provincial. El objetivo de esta propuesta es dar voz a todos los actores implicados en la instalación de macroplantas de biogás y consensuar una declaración institucional al respecto.
Municipios como Pedrosa del Rey, Montemayor de Pililla y Hornillos de Eresma han manifestado su rechazo a la implantación de estas infraestructuras, debido a las implicaciones ambientales y logísticas que conllevan. La circulación diaria de cientos de vehículos pesados transportando purines, estiércol y otros residuos orgánicos genera preocupación por los olores, el riesgo de vertidos y posibles accidentes.
“Desde nuestra formación somos sensibles a los desafíos energéticos actuales y defendemos un modelo basado en la sostenibilidad”, ha afirmado Pereda. No obstante, considera imprescindible revisar el modelo que se está implementando, ya que, según ha indicado, responde más a los intereses de las multinacionales que a una estrategia de transición ecológica sostenible. “El problema radica en la falta de regulación adecuada del sector”, ha añadido.
El diputado ha reconocido el potencial del biometano como fuente de energía renovable, pero ha subrayado que su producción debe realizarse de manera eficiente y responsable. “No tiene sentido trasladar grandes volúmenes de residuos a largas distancias, cuando podrían ser aprovechados in situ, en las propias granjas”, ha explicado. En su opinión, la ubicación de estas plantas debería responder a criterios de proximidad, evitando la creación de nuevas infraestructuras que incrementen el impacto ambiental y social.
En el último pleno de Las Cortes, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones informó de la existencia de 95 proyectos de macroplantas de biogás en Castilla y León. Ante esta situación, TLP considera imprescindible establecer una moratoria que frene su desarrollo hasta que se implementen regulaciones claras que garanticen su compatibilidad con el desarrollo sostenible del medio rural.
“Es necesaria una normativa que contemple las implicaciones sociales, económicas y ambientales de estas instalaciones”, ha destacado Pereda. La regulación, según el diputado, debe asegurar que la valorización de los residuos del sector porcino no suponga una carga para las comunidades rurales, sino una oportunidad para impulsar un modelo energético sostenible y equitativo.
En este contexto, TLP insta a la Diputación de Valladolid a desempeñar un papel activo en la defensa de los intereses de los municipios afectados. La creación de una mesa de diálogo permitiría la participación de representantes políticos, plataformas vecinales y organizaciones del sector, promoviendo un espacio de debate donde se analicen los impactos de estos proyectos y se propongan alternativas viables.
El objetivo final de esta iniciativa es alcanzar un consenso institucional que refleje las preocupaciones de la ciudadanía y siente las bases para un desarrollo energético más equilibrado. “No podemos permitir que los vecinos y vecinas tengan que enfrentarse constantemente a proyectos que afectan su entorno sin contar con su opinión. Es el momento de abrir un diálogo real y efectivo”, ha concluido Pereda.
