El secretario general del PSOE de Salamanca y diputado en el Congreso, David Serrada, ha arremetido contra el Partido Popular y su líder, Alberto Nuñez Feijoó, tras la votación celebrada este 22 de enero en el Pleno extraordinario del Congreso. En ella, el PP votó en contra de la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público, una decisión que Serrada ha calificado como «lamentable, injustificable e inaudita».
En un comunicado público, Serrada denunció que el Partido Popular «ha dejado claro y confirmado, por si alguien no se había dado cuenta todavía, que los intereses del PP y de Feijoó no son el beneficio de los ciudadanos, sino su supervivencia tanto fuera como dentro del partido». Además, subrayó que esta votación afecta a 12 millones de pensionistas en toda España, incluidos cerca de 83.000 salmantinos que, según el socialista, «se han visto privados de una subida de 600 euros al año» debido a la negativa del PP.
El diputado también criticó que la oposición «ha boicoteado de igual manera las ayudas que se venían otorgando al transporte público, de las que se benefician miles de salmantinos». En este sentido, Serrada aseguró que «luego se les llenará la boca hablando de política útil, pero a la hora de la verdad le dan la espalda a los ciudadanos. Nada les importa, todo les da igual salvo sus propios intereses políticos».
Asimismo, Serrada lanzó una pregunta directa a los representantes del PP en Salamanca: «¿Qué le van a decir ahora los diputados del PP a los salmantinos, los señores Bermúdez de Castro y Pedro Samuel Martín, y la señora Moro?». Según el parlamentario socialista, «con esta votación, con su voto, no pierde el Gobierno. Los que pierden son los ciudadanos, la gente, las personas».
Pese a las críticas, Serrada aseguró que el PSOE seguirá defendiendo los derechos de los ciudadanos: «Desde el PSOE, desde el Gobierno, los socialistas vamos a seguir trabajando por todos los salmantinos, por todos los españoles, y no vamos a dejar tirados ni a los pensionistas, ni a los usuarios del transporte público, ni a nadie».
La votación en la Cámara Baja señala una nueva línea de tensión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, dejando patente el desacuerdo en políticas clave para millones de ciudadanos.
