Un nuevo escándalo ha sacudido a la comunidad laboral vallisoletana. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red que falsificaba certificados de formación en trabajos con exposición al amianto. Esta operación ha culminado con la detención de tres individuos, dos hombres y una mujer, quienes enfrentan cargos por falsedad documental y delitos contra la salud de los trabajadores.
Todo comenzó cuando una empresa de Ciudad Real, especializada en prevención y formación de riesgos laborales, denunció en dependencias policiales de Valladolid la existencia de certificados médicos y de formación que ellos no habían emitido. Estos documentos, que certificaban la aptitud de trabajadores de dos empresas vallisoletanas para trabajar con amianto, resultaron ser falsos.
Las investigaciones llevaron a los agentes a descubrir que los trabajadores mencionados en los certificados no habían recibido ningún tipo de formación sobre el amianto ni habían sido sometidos a reconocimientos médicos. Además, se pudo determinar que el médico y la técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, cuyos nombres figuraban en los documentos, nunca habían expedido dichos certificados.
El amianto, una sustancia altamente tóxica.
El amianto, conocido también como asbesto, es un material altamente peligroso. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como un cocarcinógeno, es decir, un agente capaz de producir cáncer. Su manipulación inadecuada puede liberar fibras al ambiente, lo que incrementa el riesgo para la salud. Por ello, en España, su uso está prohibido desde 2001 y solo profesionales certificados pueden manipularlo.
Los detenidos, tras ser identificados como los responsables de las empresas implicadas, fueron arrestados. Se incluye a una tercera persona, encargado de obras, que a pesar de conocer la situación, permitió la realización de trabajos con amianto. Tras prestar declaración, los tres han salido en libertad con cargos.
La Inspección de Trabajo de Valladolid mantiene abierto un expediente sobre este caso, que ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores y la necesidad de reforzar los controles en materia de formación y certificación.
