Ayer lunes 26 de febrero tuvo lugar el comienzo del juicio por el macro caso “Perla Negra”. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid tendrá hasta el 8 de mayo 26 jornadas para escuchar las versiones de 90 personas entre peritos, testigos (entre los que se encuentran quien fuera presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Pilar del Olmo, exconsejera de Economía y Hacienda) y los 12 encausados.
El juicio cuenta con varias excepcionalidades: el mismo ya ha sido suspendido en dos ocasiones durante el año 2022 para garantizar que las partes personadas en el proceso reciban la totalidad de la causa y no incurrir así en una posible nulidad del proceso por vulneración al derecho de defensa; además, debido a la gran cantidad de personas involucradas y por falta de espacio, el juicio se transmite vía streaming; por último, el tribunal ha aceptado la petición de la defensa de los acusados para que estos sean los últimos en declarar.
Los hechos que se juzgan en el caso «Perla Negra» se realizaron desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo que dirigía entonces Tomás Villanueva (fallecido durante la fase de instrucción del caso) y son la compra de un edificio en Arroyo de la Encomienda y la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción de un polígono industrial que nunca llegó a construirse, y tenían el objetivo, según el juicio de la Fiscalía, de beneficiar con sobrecostes millonarios a las mercantiles Urban Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L. mediante sociedades de participación pública de la JCyL, como Gesturcal S.A. y ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
Los acusados en el caso «Perla Negra» se pueden dividir en 2 bloques:
Por un lado, estaría la cúpula de la Consejería de Economía, formada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, el director financiero, Francisco Armero, y Salvador Molina, director gerente de esta. Por otro lado, estarían los empresarios presuntamente beneficiados por la trama: Alberto y Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Carlos González Maestro, Ángel Román Montes, Luis Ángel Rodríguez y Luis Antonio Recio.
Los delitos imputados son delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, revelación de secretos en concurso y tráfico de influencias. Las peticiones de cárcel van desde los 221 años que pide en total el PSOE de Castilla y León como acusación popular, los 79 años que solicita la Fiscalía para los 12 imputados, hasta los 20 años solicitados para 8 de los encausados por parte de la Junta, presentada como acusación particular tras varias negativas a ser partícipe del caso. Además de las peticiones de cárcel, se suman las peticiones de inhabilitación para el desempeño de empleos o cargos públicos y el pago de multas millonarias.
No hay que olvidar que varios de los procesados en el caso «Perla Negra», Rafael Delgado, José Martín Giraldo, Francisco y Alberto Esgueva los son también en el caso “Trama Eólica”, aún pendiente de fecha de juicio, tras una investigación de más de 5 años y una causa compuesta por más de 11.000 folios.
Este caso, que sería el mayor caso de corrupción en la historia de Castilla y León, juzgará a 16 personas entre empresarios y cargos de la Junta de CyL, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y extorsión contra la hacienda pública.
Corrupción y un descuido sistemático de los problemas reales de la comunidad.
Parece ser que el Partido Popular, que lleva gobernando la Junta de Castilla y León desde hace casi 40 años, y su red clientelar de empresarios cercanos, están cada vez más asfixiados por la corrupción y cercados por la justicia.
Además, desde la entrada de la extrema derecha al gobierno, la gestión del Partido Popular y Vox en Castilla y León se ha convertido en un ejemplo de lo que parece un ridículo constante, con un gobierno oscilando entre la ausencia total de plan para revitalizar la economía y las ansias de Vox de regresar a tiempos medievales. Este enfoque ha desviado la atención de los problemas reales de la comunidad, sumergiéndola en una «guerra cultural» inútil promovida por la extrema derecha y a la que se ha sumado el Partido Popular de Mañueco.
El caso de la marca “Castilla y León Excelente”, que supuso un gasto de 17.000€ del dinero público, es solo un ejemplo de la gestión nefasta y el despilfarro de este gobierno. Tales acciones no sólo no aportan nada al desarrollo autonómico, sino que han incrementado el descontento y las dudas sobre la capacidad de liderazgo del gobierno, mostrando una preocupante desconexión con las prioridades reales.
Propuestas completamente aberrantes.
Además, medidas polémicas como la propuesta de obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar, con declaraciones ignorantes del vicepresidente de Vox, «yo es que no sé mucho de embarazos», reflejan una alarmante falta de empatía y desconocimiento de las necesidades de la población. Estas políticas, más enfocadas en la agenda ideológica de la extrema derecha que en soluciones reales, han ignorado problemas críticos como la falta de empleo, el envejecimiento de la población y la despoblación.
El PP de Castilla y León, tras décadas en el poder, ha demostrado una preocupante tendencia a centrarse más en debates nacionales irrelevantes y polémicas estériles que en abordar los desafíos de su propia comunidad. Esta falta de enfoque en las necesidades locales y la incapacidad para implementar políticas efectivas están siendo claves en el empeoramiento de la situación económica y social en Castilla y León, con un aumento sostenido del desempleo.
