Desde que el pacto entre PP y Vox tomó las riendas del gobierno de Valladolid, la ciudad ha experimentado un cambio drástico en su política de movilidad. El gobierno de Valladolid ha mostrado un claro interés en favorecer el uso del vehículo privado, relegando a un segundo plano las alternativas sostenibles que habían ganado terreno en años anteriores.
En su afán por revertir las medidas progresistas del anterior equipo de gobierno, la administración actual ha propuesto la eliminación de infraestructuras clave para la movilidad sostenible. Los carriles bici y los carriles exclusivos para bus y taxi están en la mira. Estas decisiones, además de ser contraproducentes para la reducción de la contaminación en la ciudad y para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, supondrán un gasto para la ciudadanía que se sumarán a los que fueron realizados por el anterior equipo de gobierno para su implementación.
El alcalde, Jesús Julio Carnero del PP, respaldado por la teniente de alcalde Irene Carvajal de Vox, ha sido el principal promotor de estas medidas. Ambos defendieron durante su campaña la idea de que «la ciudad está atascada», aunque los datos no respalden tal afirmación. La ciudadanía ha expresado su descontento, pero parece que sus voces caen en saco roto.
El éxito de BIKI.
Por otro lado, es importante destacar la gran acogida del servicio BIKI en Valladolid. Con un total de 7.688 abonados y alcanzando los 40.000 usos al mes, este sistema de alquiler de bicicletas demuestra el interés de la población por optar por medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Estos números refuerzan la idea de que la ciudadanía vallisoletana está comprometida con la movilidad sostenible y busca alternativas al vehículo privado.
El PSOE seguirá defendiendo la movilidad sostenible en Valladolid.
Ante esta situación, el PSOE vallisoletano no ha permanecido indiferente. El partido ha anunciado su intención de presentar alegaciones en contra de la eliminación de estas infraestructuras. Consideran que estas medidas van en contra del interés general de la ciudadanía y que suponen un retroceso en las políticas de movilidad sostenible que tanto esfuerzo costó implementar en el pasado. El PSOE busca defender los derechos de los ciudadanos y garantizar una Valladolid más verde y sostenible.
Es evidente que Valladolid está en medio de un cambio de rumbo. La movilidad sostenible, que una vez fue vista como el futuro de la ciudad, ahora parece estar en peligro. Solo el tiempo dirá si estas decisiones beneficiarán o perjudicarán a la capital vallisoletana en el largo plazo.
