El Tribunal Supremo ha decidido admitir el recurso de casación presentado por la Diputación de Valladolid. Este movimiento marca un precedente en la discusión sobre la neutralidad institucional frente a la representación de colectivos sociales, en este caso, el LGTBI. La controversia se centra en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anteriormente había dictaminado que la exhibición de la bandera LGTBI por parte de la Diputación vulneraba la neutralidad exigida a las instituciones.
La raíz de este debate se remonta al 28 de junio de 2021, cuando la bandera LGTBI se izó en el patio del Palacio de Pimentel, sede de la Diputación. Esta acción fue inicialmente impugnada por la Asociación Abogados Cristianos, argumentando que tal acto comprometía la imparcialidad institucional. A pesar de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 4 de Valladolid desestimó esta denuncia, el TSJ de Castilla y León revocó posteriormente esta decisión, dando lugar a la actual apelación ante el Supremo.
En busca de un criterio nacional acerca de la bandera LGTBI.
El caso adquiere una dimensión nacional, ya que se produce en un contexto donde existe una discrepancia entre las decisiones de diferentes tribunales superiores. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón llegó a una conclusión opuesta en un caso similar, al no considerar que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza comprometiera la neutralidad.
Esta divergencia de criterios ha llevado a la Diputación de Valladolid a buscar una resolución definitiva del Tribunal Supremo. Con su decisión de admitir el recurso, el Supremo no sólo aborda un caso específico, sino que se enfrenta a la tarea de establecer un criterio uniforme aplicable a todas las administraciones públicas en España. Este caso, por tanto, trasciende el ámbito local de Valladolid y se convierte en un referente para el equilibrio entre la representación de colectivos y la neutralidad institucional.
