Tal y como ha publicado esta misma mañana elDiario.es, la Fiscalía de Madrid ha presentado una demoledora denuncia contra Alberto González Amor, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o como podríamos decir, el ‘novio de Ayuso’. La gravísima acusación es por un presunto fraude de 350.951 euros a la Hacienda Pública perpetrado mediante facturas falsas y sociedades pantalla durante los años 2020 y 2021, en plena pandemia del coronavirus.
Según los demoledores informes de la Agencia Tributaria en los que se basa la denuncia fiscal, González Amor, un empresario con millonarios negocios, habría cometido dos delitos contra la Hacienda Pública al defraudar 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros más en 2021 mediante la presentación de gastos ficticios. Además, se le imputa un tercer delito grave de falsedad documental por la presentación de esta documentación fraudulenta.
Una trama con varias empresas a su disposición.
Las empresas investigadas por su presunta implicación en el entramado defraudador son Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, ambas propiedad al 100% de González Amor. Estas compañías habrían emitido un gran volumen de facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros para simular gastos que nunca se produjeron, con el único objetivo de desviar esos beneficios millonarios y eludir su tributación correspondiente.
La inspección de la Agencia Tributaria destaca la «intencionalidad querida y buscada» por parte de Maxwell Cremona de utilizar estas facturas «claramente falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal» en ambos ejercicios, en los que la empresa incrementó significativamente sus ganancias.
Como prueba de ello, se detectaron incrementos injustificados y sospechosos de facturación, como la emisión de una factura falsa por valor de 620.000 euros a una empresa mexicana por trabajos que nunca existieron.
Para llevar a cabo este presunto fraude millonario, el compañero sentimental de Ayuso habría contado con la colaboración de un nutrido entramado de sociedades tanto nacionales como extranjeras, dispuestas a prestar su nombre y emitir facturas ficticias a cambio de una contraprestación económica.
Implicaciones a nivel internacional.
Uno de los principales implicados sería el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer González, señalado como presunto nexo de unión entre varias de estas firmas cómplices y las empresas de González Amor. Niederer estaría detrás de dos de las facturas fraudulentas de mayor cuantía: la mencionada de 620.000 euros a nombre de la empresa mexicana MKE Manufacturing SA a finales de 2020, y otra de 922.585 euros emitida en 2021 por la sociedad Gayani Ltd con sede en Costa de Marfil.
Inicialmente, el empresario mexicano negó conocer a la empresa MKE e incluso ser su representante legal, pero una semana después envió un escrito a Hacienda reconociendo que sí la conocía, aunque atribuyó a un «error involuntario» el que constara su nombre y firma en las facturas falsas.
Además de Niederer y sus sociedades pantalla extranjeras, la Fiscalía tiene en el punto de mira a otros tres ciudadanos españoles de Andalucía, propietarios de hasta seis firmas más que también habrían contribuido a simular estos gastos ficticios para el entramado societario del ‘novio de Ayuso’.
Defraudar parece ser la única función aparente.
Uno de los casos más flagrantes de facturas falsas se produjo con la propia empresa Masterman & Whitaker, que González Amor adquirió a finales de 2020 con el único objetivo de utilizarla como sociedad pantalla para «remansar fondos» de forma ilícita. En este sentido, la Agencia Tributaria ha concluido que la facturación por valor de 600.000 euros que Masterman emitió a un cliente habitual como supuesta «consultoría de sistemas» fue completamente ficticia.
En realidad, según la inspección, el servicio facturado solamente generó unos ingresos reales de 237.320 euros, una cifra muy inferior, y Masterman carecía por completo de empleados e infraestructura para realizar esos trabajos de consultoría. Por ello, la Agencia considera que se trató de una «simulación» mediante una «factura ficticia» que «no se corresponde con la realidad».
Pero el entramado defraudador de González Amor iba más allá e incluía la creación de «bases imponibles negativas» con el objetivo de generar créditos fiscales futuros para compensar con deducciones cuando sus empresas comenzaran a tributar beneficios. Así, la Agencia descubrió cómo Masterman se anotó pérdidas superiores a 222.000 euros en base a una falsa facturación de gastos, lo que le permitiría aplicar esa desgravación fiscal en ejercicios siguientes. Una práctica completamente «inadmisible» según los inspectores.
En definitiva, el organismo tributario concluye que González Amor, conocido como el ‘novio de Ayuso’, defraudó 350.951 euros a las arcas públicas durante la pandemia del COVID-19 por medio de este complejo entramado de facturas falsas, sociedades pantalla y creación artificiosa de créditos fiscales futuros.
Otra polémica más en torno a Isabel Díaz Ayuso.
Esta gravísima denuncia por un presunto fraude fiscal millonario vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso estalla en un momento de máxima tensión para la presidenta madrileña. Su gestión de la crisis del coronavirus en las residencias de mayores sigue siendo objeto de una agria polémica social y judicial por el abandono de los ancianos residentes, entre los que se produjeron más de 7.200 muertes.
Las recientes filtraciones de informes policiales han revelado las terribles condiciones infrahumanas que rodearon a estas víctimas y la existencia de los llamados «protocolos de la vergüenza» que impedían su traslado a centros hospitalarios pese a su delicado estado de salud. Unas pruebas demoledoras que la propia Ayuso ha intentado ocultar recurriendo sin éxito ante los tribunales.
Este cúmulo de sombras oscurece notablemente la imagen de la líder del PP madrileño y pone en tela de juicio su capacidad para seguir al frente del Ejecutivo regional. Si finalmente se demuestra la culpabilidad del ‘novio de Ayuso’ por el presunto fraude millonario, y se ratifica la negligencia criminal de la presidenta por las consecuencias fatales de su gestión de la pandemia, su continuidad al frente de las instituciones madrileñas será francamente insostenible.
