La alianza entre Junts, Partido Popular (PP) y Vox ha generado un nuevo obstáculo para el Gobierno español, dificultando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. El rechazo conjunto al objetivo de déficit propuesto por el Ejecutivo ha encendido las alarmas en el Congreso de los Diputados, complicando la viabilidad de la planificación fiscal del próximo año.
Primera Fricción en el Congreso.
El portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha declarado que su formación no se compromete con ningún grupo parlamentario, subrayando la independencia de su postura. “No se puede dar por supuesto nuestro apoyo”, advirtió Cruset. Alineándose con PP y Vox, Junts votó en contra del objetivo de déficit del Gobierno, poniendo en jaque los Presupuestos de 2025.
A pesar del respaldo de otros partidos, el Congreso rechazó el “marco fiscal” del Ejecutivo. Este rechazo representa el primer tropiezo en el camino hacia la aprobación de los PGE del próximo año, después de que los de 2023 fueran prorrogados debido a la falta de consenso por el accidentado calendario electoral reciente.
Postura de Sumar y Demanda de Junts.
Carlos Martín Urriza, de Sumar, matizó que la no aprobación de “los objetivos de estabilidad” no impide la preparación de los nuevos Presupuestos, pero los encadena al marco fiscal anterior, lo cual podría ser contraproducente. Junts había solicitado que se aumentara el margen de déficit para las Comunidades Autónomas, permitiendo mayor capacidad y recursos económicos. “Pero no ha habido absolutamente ningún cambio”, lamentó Cruset. Este marco fiscal más restrictivo, según recordó el PSOE, impone mayores limitaciones a las Comunidades Autónomas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que los objetivos rechazados por PP, Vox y Junts favorecían a las Comunidades Autónomas, permitiéndoles evitar esfuerzos adicionales en la reducción del déficit. Montero criticó al PP por perjudicar a sus propios gobiernos autonómicos, subrayando la necesidad de continuar el diálogo.
Acuerdos y Desencuentros.
El Gobierno central y el Ejecutivo en funciones de ERC pactaron recientemente una transferencia de 1.520 millones de euros en los próximos tres años, cumpliendo con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Este pacto incluye 1.058 millones para el traspaso de Rodalies y recursos para becas universitarias e I+D.
Sin embargo, Cruset criticó que el Gobierno no entiende que no cuenta con mayoría absoluta y necesita el apoyo de otros grupos, como los siete votos de Junts, para avanzar con sus iniciativas. El diputado desvinculó el voto en contra de su formación de la reunión prevista entre Sánchez y el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, para firmar el convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Catalunya.
Nueva Senda de Déficit.
La vicepresidenta criticó duramente al PP, defendiendo los “objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública” propuestos para el periodo 2025-2027. Resaltó que el objetivo del PP es derrocar a Sánchez, sin importarles el bienestar de las familias españolas.
El Ejecutivo propuso mantener el límite de gasto no financiero en 199.171 millones de euros para 2025, en línea con el techo de 2024, en cumplimiento con las exigencias fiscales de la Unión Europea (UE). La nueva senda de déficit buscaba alcanzar el 2,5% del PIB en 2025, un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027.
Montero destacó la reducción del déficit público en 60.000 millones desde 2020, situándolo en el 3,6% del PIB en 2023, inferior al de países como Francia o Italia, a pesar del despliegue de un escudo social de más de 120.000 millones desde 2020.
La previsión para 2024 es reducir el déficit al 3% del PIB, evitando así el proceso de déficit excesivo de la UE, que implicaría una intervención de la Comisión Europea en los Presupuestos nacionales para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Plan Fiscal y Perspectivas.
El crecimiento económico permitirá reducir la deuda pública por debajo del 100% del PIB en 2027, recuperando el espacio fiscal perdido durante la pandemia, cuando el Gobierno aumentó el gasto público para mitigar los efectos del shock de la COVID-19.
En septiembre, el Ejecutivo enviará un plan fiscal a medio plazo a Bruselas, marcado por una senda de déficit y un horizonte de crecimiento del PIB superior al 2% en los próximos años, lo que permitirá mantener el gasto y reducir el déficit sin recurrir a recortes.
El Partido Popular utilizó el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el debate, que pide un ajuste anual del 0,43% del PIB hasta 2031 para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE.
La colaboración de Junts con PP y Vox para rechazar el objetivo de déficit del Gobierno ha complicado significativamente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Este escenario plantea desafíos importantes para el Ejecutivo, que deberá continuar buscando alianzas y estrategias para superar este obstáculo y garantizar la estabilidad fiscal.
