Las mesas en Salamanca para el 23J están en la cuerda floja, poniendo en jaque la normal celebración de las elecciones generales en la región. La avalancha de solicitudes de exención recibidas en la Junta Electoral de Zona suscita el temor de una falta de cobertura suficiente de las mesas electorales. Hasta el miércoles, la Junta ha procesado 718 excusas provenientes de toda la provincia, denegando apenas el 8,6%, es decir, solo 62.
Estos números pueden desembocar en una complicada situación, especialmente en los pueblos más pequeños. En estas localidades, la reserva de sustitutos es notablemente más reducida y su disponibilidad, limitada. Esta menor densidad poblacional amenaza con convertirse en un obstáculo insuperable para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.
La Junta Electoral de Zona mantiene una estricta aplicación de la normativa, con el firme propósito de asegurar la designación completa de cada mesa, compuesta por un presidente y dos vocales. Pero las cifras actuales de excusas pueden dificultar considerablemente esta labor.
Las excusas presentadas provienen de tres canales distintos: presencial, correo electrónico y a través de una plataforma especializada. Tan solo el martes pasado, la Junta recibió 106 alegaciones. El volumen de solicitudes sigue siendo significativo a pesar de que ya han pasado 10 días desde la apertura del plazo para presentar las alegaciones.
El pico más alto de excusas se registró el pasado 3 de julio, con 200, tras el inicio del proceso de notificación por parte del Ayuntamiento de Salamanca a los elegidos para formar parte de las mesas. Desde entonces, a pesar de la disminución, la cifra sigue siendo alarmantemente alta.
Respecto a las razones para eludir la responsabilidad electoral, alrededor del 80% se asocia con la planificación de vacaciones antes del 30 de mayo, sin posibilidad de reembolso. Según aclara la Junta Electoral de Zona, se aceptan las vacaciones contratadas tanto por los designados como por sus cónyuges, siempre que se presente el libro de familia.
El condicionante es que la cancelación del viaje suponga un daño económico o una alteración grave en su vida personal. Este último podría ser la imposibilidad de disfrutar del descanso familiar en otro momento del año. En tales casos, la empresa empleadora tiene que confirmar su incapacidad para reajustar las fechas vacacionales.
En este escenario, el temor de que las mesas en Salamanca para el 23J estén en la cuerda floja se acrecienta. La participación ciudadana, esencial en el proceso democrático, se ve amenazada por la falta de disponibilidad de los ciudadanos a asumir sus responsabilidades electorales.
