La reciente revelación sobre los criterios de elegibilidad para acceder a 63 viviendas protegidas en la zona de Puente Colgante, Valladolid, ha generado gran controversia. Según el Grupo Municipal Socialista, más de 5.000 personas registradas en el sistema de demanda de vivienda quedan excluidas debido a los requisitos de ingresos establecidos por la Junta de Castilla y León.
La normativa actual dicta que solo aquellos con ingresos anuales superiores a 24.318 euros pueden optar a estas viviendas, dejando fuera a las familias con menores ingresos. Por otro lado, se permite la participación de solicitantes con ingresos de hasta 57.902 euros anuales. Esta situación ha suscitado preguntas sobre la justicia y la accesibilidad del proceso de adjudicación.
El análisis del Grupo Municipal Socialista destaca que, de las 5.400 personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública (RPDVPP) de Valladolid, solo 300 cumplen con el umbral de ingresos exigido por la convocatoria, basada en la Orden 157/2024 del 1 de marzo.
Este escenario en Puente Colgante contrasta con las políticas de vivienda anteriores en Valladolid, donde el límite de ingresos permitía una mayor inclusión. La crítica se centra en la aparente desconexión entre los criterios de selección y las necesidades reales de la población vallisoletana en busca de vivienda asequible.
El Grupo Municipal Socialista ha instado a la intervención de Carnero ante la Junta para revisar y modificar estos criterios, buscando una mayor equidad en el acceso a las viviendas. La situación ha reavivado el debate sobre las políticas de vivienda, especialmente considerando que el proyecto ha sido financiado en parte por Fondos Europeos gestionados por el Gobierno de España.
