El caso de la sospechosa venta de carne de caballo en condiciones insalubres encuentra un nuevo obstáculo en su camino hacia la justicia y se ha pospuesto el juicio contra la mafia de la carne equina.
Uno de los acusados ha renunciado a su abogado, por lo que el juicio previsto para comenzar esta semana ha sido pospuesto hasta el 12 de septiembre.
El grupo de sospechosos, que se enfrenta a la justicia en la Audiencia Nacional, está acusado de comercializar carne equina a pesar de saber que no se habían realizado las verificaciones sanitarias requeridas, o que los caballos en cuestión no estaban aptos para el consumo humano. José Perals, fiscal del caso, anticipó que habría varios reconocimientos de culpabilidad por parte de algunos de los acusados.
Javier Fernández, uno de los encausados, sorprendió a todos renunciando a su defensa legal en el inicio de las deliberaciones. Este hecho llevó a los jueces a posponer el procedimiento hasta septiembre. Para ese mes, están planificadas las audiencias para los días 12, 13 y 14.
La Fiscalía inicialmente solicitó penas que van de cuatro a nueve años y medio de prisión para las once personas que están siendo juzgadas. María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, identificó delitos contra la salud pública, falsificación de documentos y formación de grupo criminal en el auto de pase a procedimiento abreviado. Estos cargos surgen de los numerosos «indicios existentes» reunidos durante la fase de instrucción.
Según la magistrada, desde octubre de 2016, los investigados se han dedicado a poner en el mercado carne de equinos «no aptos para el consumo humano», eludiendo el seguimiento de la carne y, por ende, la inspección sanitaria. Este esquema permitía a los implicados lucrarse a través de la compra de animales a un costo menor que aquellos destinados al consumo humano. Para ocultar la verdadera naturaleza de sus operaciones, incluso generaron facturas ficticias.
Los acusados utilizaban animales sin identificación o les asignaban una de manera artificial. En algunos casos, emplearon caballos que no eran aptos para el consumo humano por diversas razones, y que eran sacrificados para luego entrar en la cadena alimentaria humana «debido a la falta de control del veterinario oficial».
Para que este sistema funcionase, señala la juez, era «indispensable» el acuerdo entre los «entradores» de ganado en los mataderos, los responsables de los centros y el propio veterinario. Este proceso se realizaba evitando el control de los veterinarios dependientes de la Administración o en connivencia con alguno de ellos, falsificando los documentos oficiales que garantizan la trazabilidad de los animales.
Javier Fernández, al que se le apunta como uno de los principales actores de este caso, junto a Alejandro Domínguez y Bernardino Castro, estaría encargado de llevar los caballos a los mataderos. Los animales no aptos para el consumo humano entraban a través de dos mataderos ubicados en la provincia de León. En estos lugares, se permitía la entrada de carne no apta para consumo humano, destinada finalmente a este fin con riesgo para la salud de los consumidores.
Las irregularidades en estos mataderos incluyen la utilización de carne de caballos con signos evidentes de melanoma, como ocurrió el 7 de marzo de 2017, cuando se sacrificaron cuatro caballos con esta condición. Patrice Grima Estarlich y Johanes Maria Marius Cornelius eran los responsables de distribuir la carne de estos mataderos al consumidor a través de la empresa CODELTA 91, gestionada por Dionisio Pingarón.
Las pruebas obtenidas por la Guardia Civil en 2017 evidenciaron que la carne contenía, entre otras cosas, restos de cloranfenicol o residuos de antibacterianos superiores a los límites. Estos elementos tienen efectos nocivos para la salud humana y deben evitarse en los animales destinados al abasto, pues pueden generar daños genéticos y favorecer la aparición de distintas formas de cáncer.
Al haberse pospuesto el juicio contra la mafia de la carne equina, los acusados ganan un poco más de tiempo, pero el aplazamiento no detiene la marcha de la justicia. Aunque se posponga el juicio, los hechos ya reconocidos por algunos acusados y las pruebas recopiladas hasta ahora pintan un panorama desalentador para este grupo acusado de poner en riesgo la salud de los consumidores por un beneficio económico.
