El Grupo Provincial TLP, integrado por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo y Alianza Verde, llevará al próximo pleno de la Diputación de Valladolid una proposición para que la institución provincial se implique activamente en la recuperación de los caminos públicos cerrados de forma irregular en los distintos municipios de la provincia.
El diputado Julio Pereda, portavoz del grupo, será el encargado de presentar esta iniciativa que busca “instar a la Diputación a poner en marcha medidas de apoyo para que los ayuntamientos puedan recuperar los caminos públicos que han sido usurpados en sus términos municipales”.
La formación denuncia que en numerosas localidades se están registrando casos de cierre de caminos de dominio público mediante puertas, cercas u otros elementos no autorizados. Incluso, en algunos casos, los caminos han llegado a desaparecer por completo tras ser arados, lo que impide su tránsito y vulnera el derecho de uso por parte de la ciudadanía.
“Estos caminos son bienes comunales, no pueden ser vendidos, usurpados ni embargados”, subraya Pereda, quien insiste en que estas infraestructuras deben conservarse “para el uso libre de la ciudadanía y ser legadas a las generaciones futuras”.
Pese a que la legislación vigente permite a los ayuntamientos recuperar de oficio los caminos públicos usurpados, TLP advierte que los pequeños municipios se enfrentan a grandes dificultades técnicas y económicas para llevar a cabo este tipo de procedimientos. “La recopilación de mapas históricos, informes técnicos o pruebas periciales, así como los costes asociados a todo el proceso judicial, suponen una carga que no todos los consistorios están en condiciones de asumir”, añade el portavoz.
Por ello, TLP propondrá a la Diputación que articule una serie de medidas que permitan prestar apoyo técnico y jurídico a los ayuntamientos afectados. Entre ellas, facilitar la recuperación de caminos cerrados, ofrecer cobertura legal en los casos de usurpación e impulsar la inscripción en el Registro de la Propiedad de aquellos viarios municipales que aún no figuren registrados.
“La propuesta busca garantizar la protección jurídica de este patrimonio público y evitar futuras ocupaciones ilegales”, concluye Pereda.
