La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), dirigida por el concejal José I. Zarandona, ha aprobado una controvertida medida que restringe el acceso al programa de vivienda pública de alquiler conocido como “viviendas blancas”. Según la normativa actualizada, las personas sin autonomía física o psíquica quedan excluidas, con el argumento de que no pueden garantizar una convivencia “normal”.
La decisión, que ya se refleja en los requisitos publicados en la página web de VIVA, ha generado una fuerte oposición política. Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), calificó la medida como “inconstitucional” durante la última reunión del Consejo de Administración de VIVA. “Esta cláusula excluye a un colectivo vulnerable con necesidades especiales, lo que constituye una grave vulneración de derechos fundamentales”, declaró Anguita.
Además, la portavoz criticó la falta de claridad y objetividad en los criterios para determinar una convivencia “normal”. “¿Cómo se mide este concepto? ¿Acaso se exige un test de normalidad o un compromiso de conducta junto al contrato? Esta medida es discriminatoria y abre la puerta a la exclusión arbitraria”, añadió.
Anguita recordó que el acceso a la vivienda está protegido constitucionalmente y debe garantizarse sin discriminación, especialmente para los colectivos más desfavorecidos. Por ello, solicitó al equipo de gobierno la retirada inmediata de esta cláusula. “Exigimos que se rectifique esta medida que vulnera los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó.
