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VTLP denuncia las modificaciones fiscales del equipo de gobierno y la nueva tasa de basuras, alertando sobre el favorecimiento a las rentas más altas y el riesgo para los servicios municipales

VTLP denuncia las modificaciones fiscales del equipo de gobierno

El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha expresado su firme rechazo a las modificaciones fiscales propuestas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, incluidas la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la introducción de una nueva tasa de recogida de residuos, las cuales, según VTLP, benefician principalmente a las rentas más altas y ponen en riesgo los servicios municipales esenciales.

Rocío Anguita, portavoz de VTLP, ha criticado la «bajada de impuestos de más de 6 millones de euros» impulsada sin una evaluación adecuada de sus repercusiones en los servicios públicos. «Este dinero que se deja de recaudar no es abstracto, tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria de los vallisoletanos y vallisoletanas», subrayó Anguita.

La reducción del IBI en un 5% y otras medidas fiscales propuestas afectan la capacidad del consistorio para atender necesidades urgentes, como la valoración de dependencia para más de 2.000 personas en lista de espera. Además, la falta de recursos ha impedido acometer la reparación de la piscina de Riosol y ha llevado a la devolución de 1,2 millones de euros de fondos europeos destinados a viviendas jóvenes en las Norias por no poder cubrir la parte municipal del coste.

Impacto en las arcas municipales y en la calidad de los servicios públicos.

VTLP advierte que la reducción de impuestos implicará una merma significativa de más de 6 millones de euros en el presupuesto municipal, lo que afectará directamente a la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. «Las bajadas fiscales que favorecen principalmente a las rentas más altas dejan sin cubrir inversiones fundamentales para la ciudad, como la reparación de infraestructuras y la financiación de proyectos clave», afirmó Anguita.

Una tasa de basuras sin progresividad ni incentivo medioambiental.

Otro de los puntos clave del debate es la nueva tasa de recogida y tratamiento de residuos domésticos, que VTLP considera injusta tanto desde el punto de vista social como medioambiental. La tasa, calculada en función del número de residentes y los metros cuadrados de la vivienda, no contempla la cantidad de residuos generados ni la situación económica de los hogares, perpetuando, según Anguita, «un modelo insostenible y regresivo».

El grupo político denuncia la falta de visión del equipo de gobierno, que ha renunciado a implementar un sistema más equitativo y sostenible como los que ya existen en otras ciudades de España y Europa, donde se incentiva el reciclaje al gravar la cantidad de residuos generados. «El sistema actual no discrimina entre quien genera más o menos basura ni entre quienes tienen más capacidad económica para asumir el coste», agregó Anguita.

La tasa mínima se sitúa en 62 euros para una vivienda pequeña con un solo residente, mientras que la máxima alcanza los 97 euros para viviendas de más de 300 metros cuadrados con más de seis personas. Además, las familias numerosas recibirán una bonificación que reducirá su pago a 80 euros, independientemente de los residuos que generen. «Es un modelo que no penaliza al que más contamina ni favorece un reparto justo de la carga fiscal», concluyó Anguita.

Enmiendas propuestas por VTLP para una fiscalidad más justa

Con el objetivo de establecer un modelo fiscal más justo y sostenible, VTLP ha presentado varias enmiendas que incluyen:

  • Ajustar la tasa de residuos para que las viviendas más grandes y con más residentes contribuyan en mayor medida.
  • Eliminar las bonificaciones automáticas para familias numerosas de altos ingresos.
  • Ampliar las bonificaciones para los hogares vulnerables.
  • Introducir un sistema que incentive el reciclaje comunitario, vinculando la tasa a la cantidad de residuos generados.

«Desde VTLP defendemos una fiscalidad más equitativa y sostenible que no comprometa la calidad de los servicios públicos ni cargue injustamente a quienes menos tienen», concluyó la portavoz.

 

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