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El Gobierno de PP-VOX en Valladolid vota en contra de políticas de memoria democrática

Memoria Democrática

En sesión plenaria del Ayuntamiento de Valladolid, la corporación municipal, liderada por el Partido Popular (PP) y Vox, ha rechazado una moción presentada por Valladolid Toma la Palabra (VTLP) para respaldar el Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.

La iniciativa, defendida por la concejala Rocío Anguita, buscaba reafirmar el compromiso del Consistorio con el Real Decreto de Memoria Histórica y Democrática, aprobado hace seis años por el Gobierno autonómico del PP tras alcanzar un «consenso amplio» entre diversos sectores sociales y políticos, incluidas asociaciones memorialistas.

No obstante, el equipo de Gobierno formado por PP y Vox ha votado en contra de esta propuesta. Rocío Anguita lamentó que «el término Concordia no existe en nuestro ordenamiento jurídico, ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía, y nos lleva a la eliminación y la confusión entre las víctimas en situaciones de dictadura y fuerte represión, lo cual lleva a una tergiversación de los hechos».

Falta de voluntad política.

El primer punto de la moción, que instaba a los grupos parlamentarios de PP y Vox a retirar la proposición de Ley de Concordia admitida a trámite el pasado 4 de abril, recibió el rechazo por 14 votos en contra (PP y Vox) frente a 13 a favor (VTLP y PSOE).

El segundo acuerdo, que contemplaba la colaboración del Ayuntamiento con grupos memorialistas e instituciones académicas para facilitar el acceso a fuentes y documentación sobre la recuperación de la memoria histórica, fue aprobado con los votos a favor de PSOE, PP y VTLP.

Sin embargo, el tercer punto, relativo a la creación de una comisión municipal para identificar y retirar posibles vestigios de simbología franquista en el término municipal, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, también obtuvo la negativa con la misma votación que el primero: 14 votos en contra del Gobierno municipal y 13 a favor de la oposición.

Este rechazo evidencia, según los grupos de la oposición, «la falta de voluntad política» del Ejecutivo local para abordar cuestiones fundamentales relacionadas con la memoria democrática, lo que supone un obstáculo para «la construcción de una convivencia basada en la transparencia y el respeto por los derechos humanos».

 

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