Desde AVLC comunican que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento de Laguna de Duero a publicar la declaración de bienes de un exalcalde y fundador del grupo Independientes por Laguna, cuya información permaneció oculta durante años. Pese a que la legislación estatal y autonómica exige expresamente la publicidad de estos datos en aras del buen gobierno, dicha declaración nunca fue incorporada al portal de transparencia municipal.
La Asociación Vecinal La Calle, que denunció la omisión, inició una reclamación formal para obtener acceso a esta documentación pública. Según informan desde la organización, “la solicitud fue rechazada, primero por el propio afectado y después por la Alcaldía y la Secretaría del Ayuntamiento”. Ante la negativa institucional, la asociación decidió acudir al Comisionado de Transparencia y, posteriormente, a los tribunales.
El fallo judicial, emitido el pasado 5 de junio, reconoce el derecho de acceso ciudadano a dicha información, declara que la actuación municipal fue “contraria a Derecho” y ordena la publicación “íntegra y actualizada” de la declaración solicitada. Desde la Asociación Vecinal La Calle señalan que este precedente revela “una clara voluntad política de ocultar información pública que permite a la ciudadanía controlar posibles conflictos de intereses, evolución patrimonial y compatibilidades de sus representantes”.
Además, subrayan que no se trata de un mero trámite burocrático, sino de una cuestión de confianza institucional. “Cuando un ciudadano tiene que acudir a los tribunales para que se cumpla la ley, el sistema ha fallado. Y eso exige respuestas contundentes”, declaran desde la entidad.
El acceso a las declaraciones de bienes de cargos públicos, explican, está avalado por la Ley de Transparencia y por la Agencia Española de Protección de Datos, ya que no se considera información sensible, sino vinculada a la rendición de cuentas de quienes ejercen responsabilidades públicas. “Ni el Ayuntamiento ni el afectado han justificado de forma concreta su oposición, más allá de que el exconcejal ya no ocupa el cargo, lo cual no anula el interés público en conocer su situación patrimonial”, apuntan.
Por todo ello, la asociación reclama el cumplimiento inmediato de la sentencia, la publicación de la declaración ocultada, la depuración de posibles responsabilidades políticas y administrativas y la implantación urgente de un protocolo de control que garantice la publicación automática de estas declaraciones conforme a la normativa vigente.
