La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto que reactiva la investigación sobre la gestión de la pandemia en las residencias de ancianos. Este movimiento pone de nuevo en el foco a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su administración se enfrenta a serias acusaciones sobre cómo manejaron la crisis sanitaria.
La decisión, fechada el 25 de octubre, surge tras la apelación de un sobreseimiento provisional en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid. El caso se centra en el fallecimiento de siete ancianos en una residencia de Ciudad Lineal, poniendo en tela de juicio los protocolos de derivación a hospitales durante los momentos más críticos de la pandemia.
Los querellantes han argumentado que la magistrada encargada no realizó una investigación exhaustiva, omitiendo la citación de los responsables de la elaboración y aprobación de dichos protocolos. Estos protocolos, según los críticos, habrían impedido la derivación adecuada de los ancianos a hospitales, lo que podría haber salvado vidas.
Se le acumulan los problemas a Isabel Díaz Ayuso.
La reapertura de esta causa penal contra Ayuso y otros exconsejeros, como Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, plantea preguntas sobre la responsabilidad política y administrativa en la gestión de la crisis. Se les acusa de delitos que van desde homicidio y lesiones imprudentes hasta omisión del deber de socorro y prevaricación.
El colectivo Marea de Residencias ha emitido un comunicado en el que destaca la importancia de estas diligencias. Según ellos, las decisiones tomadas respecto a la no derivación de residentes a centros hospitalarios, en consonancia con los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid, necesitan ser exhaustivamente investigadas.
Este no es un caso puntual. Un juzgado en Collado Villalba también investiga a Isabel Díaz Ayuso y su equipo por cuestiones similares. En este procedimiento, han declarado figuras como el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur.
La reapertura de esta causa penal refleja una búsqueda continua de justicia y claridad sobre lo sucedido en las residencias de ancianos durante las primeras y devastadoras olas de la pandemia. Con casi 7.300 personas mayores fallecidas en residencias madrileñas, la comunidad y los familiares de las víctimas buscan respuestas y responsabilidades.
