En un esfuerzo por abordar la creciente crisis de asequibilidad de la vivienda en Burgos, el círculo local de Podemos presentará una moción en el pleno del Ayuntamiento de Burgos, programado para este viernes 15 de marzo. La propuesta exige que la corporación municipal inste formalmente a la Junta de Castilla y León a aplicar la reciente Ley de Vivienda (Ley 12/2023), con el objetivo de designar a Burgos como «zona tensionada».
Esta acción se basa en la Ley de Vivienda, que proporciona un marco legal para que las comunidades autónomas intervengan en el mercado inmobiliario, promoviendo una mayor accesibilidad a la vivienda. La implementación de esta ley por parte de los gobiernos regionales es crucial para permitir a las entidades locales tomar medidas concretas en sus respectivos municipios.
Podemos Burgos realiza un estudio del mercado.
Un análisis detallado realizado por Podemos Burgos ha revelado una brecha significativa entre los precios de alquiler actuales en la ciudad y los valores recomendados por el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, gestionado por el Ministerio de Vivienda. El estudio, que compara los precios de alquiler listados en el portal inmobiliario IDEALISTA con las tarifas sugeridas por el gobierno, muestra que el costo promedio del alquiler en Burgos supera en un 182% al índice de precios recomendado.
Para un ingreso neto mensual de 1.200€, el alquiler no debería exceder el 30% de este monto, es decir, 360€ al mes. Sin embargo, el análisis indica que no hay viviendas disponibles en Burgos a este precio en el portal IDEALISTA. Con un precio medio de alquiler de 8.5€ por metro cuadrado al mes, un apartamento típico de 76 metros cuadrados costaría 646€ al mes, muy por encima de los 493€ mensuales establecidos por el índice gubernamental para una vivienda de igual tamaño.
Estos datos subrayan la urgente necesidad de calificar a Burgos como «zona tensionada», lo que permitiría la aplicación de medidas de control de precios según lo estipulado en la ley promovida por Ione Belarra, anterior ministra de Asuntos Sociales. La implementación de esta legislación es vital para garantizar que los ciudadanos de Burgos puedan acceder a viviendas asequibles, en línea con los derechos consagrados en la Constitución.
