En un comunicado, TLP ha lanzado una grave acusación contra la Dirección Provincial de Educación por lo que califican como un «nuevo acto de discriminación» hacia un alumno con discapacidad del municipio de San Pelayo. La familia del joven afectado ha encontrado apoyo en la figura del Diputado Provincial, Julio Pereda, quien se ha manifestado en favor de las demandas de Elisa Cerrillo, madre del alumno, para la restitución del servicio afectado y para garantizar que la discapacidad no sea un motivo de riesgo para la escolarización del joven.
Fabio, el estudiante en cuestión, actualmente inscrito en el Aula de Educación Especial del colegio Pedro I de Tordesillas, se ha visto privado del transporte escolar la semana previa a las vacaciones de Semana Santa, decisión que, según denuncias, se tomó abruptamente por parte de la Dirección Provincial de Educación. «Fabio tiene 17 años y una discapacidad del 98%, con parálisis cerebral y rasgos TEA. Ante un dolor o estímulo indeterminado Fabio tiene conductas disruptivas», explicó su madre, Elisa Cerrillo.
Elisa Cerrillo narra cómo, tras un incidente el 18 de marzo, desde el colegio la instaron a recoger a Fabio, argumentando «ese nerviosismo podría suponer riesgos tanto para él, como para los demás ocupantes del transporte escolar». Como solución temporal, se acordó con el director del centro un protocolo de actuación para futuros episodios, que incluiría «intentar calmarlo primeramente, algo que sería más fácil si existiera una sala aislada y protegida de relajación que el Alcalde de Tordesillas y el Director del colegio dijeron hace años que se iba a hacer. En caso de no lograrlo, se avisaría a los padres, y si estos no pudieran localizarse, se avisaría al 112», según detalla Elisa.
Sin embargo, la situación cambió el 19 de marzo, cuando la Jefa de Estudios comunicó telefónicamente a Elisa «la suspensión del transporte escolar para Fabio», una decisión que «no se comunicó por escrito» hasta el 21 de marzo, poco antes de la salida de clases. Esta comunicación tardía obligó a Elisa a abandonar su trabajo precipitadamente para recoger a su hijo. La familia procedió a denunciar los hechos ante la Guardia Civil de Tordesillas, acusando a la dirección provincial de discriminación y de imponer un castigo injustificado que afecta no solo a Fabio sino también al bienestar económico y psicológico de su familia.
«Se denuncia la discriminación de un joven discapacitado del mundo rural, se denuncia el castigo de la dirección provincial, cuando el Procurador del Común en el año 2021 nos comunicó que no se puede castigar a un discapacitado, ni a su familia por hechos inherentes a la discapacidad. Se denuncia el daño moral, económico, laboral y psicológico que se está creando a la familia», declaró Elisa. La familia ahora exige «ser comunicados en forma de la supresión del servicio, como corresponde a un acto administrativo: por escrito, motivado y con pie de recurso».
Hasta el momento, la Dirección Provincial de Educación no ha emitido comentarios sobre el caso.
