El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha generado una nueva polémica al eludir hablar del franquismo como dictadura, a pesar de las evidencias históricas que respaldan esa afirmación. En cambio, ha condenado al régimen actual al que sí considera una «dictadura».
«Yo condeno todas las dictaduras, empezando por la que estamos empezando a vivir en España, en la cual vemos que el Poder Ejecutivo le dice al Poder Judicial que hay determinados delitos que se persiguen o no, en función de si uno es socio o no del Gobierno, eso es todo lo que tengo que decir», expresó García-Gallardo durante una visita a una plantación de espárragos en Tudela de Duero.
García-Gallardo y su cinismo reaccionario.
El vicepresidente lamentó la decisión del Gobierno central de recurrir «una vez más» al «comodín de Franco» con sus críticas a la Proposición de Ley de Concordia, afirmando que esta acción busca «esconder sus miserias».
En relación con la Proposición de Ley, de Concordia, García-Gallardo defendió su intención de lograr la «concordia» ante un relato histórico que considera «sesgado y mutilado», ofreciendo un «trato favorable» a unas víctimas y «no» a otras. Argumentó que la normativa propuesta amplía el periodo hasta 1931, es decir, la II República, para abordar de manera más inclusiva la historia de la violencia en España, pese a que el período republicano fuera un Estado de derecho democrático y sus formas de violencia quedaran esclarecidas, juzgadas y condenadas.
Al cuestionársele sobre si considera al franquismo una dictadura, García-Gallardo evitó utilizar esos términos y delegó la responsabilidad de analizar esta cuestión a los historiadores. «Yo no voy a entrar en ese juego, yo soy un político de Burgos, nací en el año 1991, nací en democracia y estoy muy a gusto en democracia», afirmó. Pese a que empieza a ser conocido que los historiadores e investigadores de la Guerra Civil y el Franquismo están conformando una queja conjunta para protestar contra la Proposición de Ley de Concordia que imposibilitaría su trabajo e impediría el correcto acceso a las fuentes que aluden a la represión y a todas las formas de violencia fascista causadas desde julio de 1936.
La negación de la violencia fascista en la historia y la nula empatía con las víctimas del proceso de represión.
La negativa del vicepresidente a reconocer el carácter dictatorial del régimen franquista ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre su comprensión de la historia e interpretación de la realidad política actual. Sus declaraciones han generado indignación en sectores que consideran fundamental reconocer y condenar los abusos del pasado para garantizar la consolidación de una democracia plena en el presente.
Las reclamaciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo deberían estar atendidas ya por todo el conjunto de la sociedad, sin lugar a debates o revisiones del pasado como la que estamos presenciando en Castilla y León desde la proposición de Ley de Concordia de PP y Vox.
La postura de García-Gallardo sigue generando más división que concordia y con sus palabras los colectivos de víctimas se sienten negados y humillados. Las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, lejos de parecer querer superar el pasado violento, avivan los conflictos del pasado y plantea dos visiones antagónicas entre quienes consideran importante confrontar el pasado represivo para construir un futuro más justo y aquellos que supuestamente prefieren evitar la polarización, aun a costa de incentivarla más al diluir las responsabilidades históricas.
La controversia continúa alimentando el debate público sobre la memoria histórica y el papel de la política en la construcción de una España democrática que en Castilla y León se aleja de la reparación del dolor de las víctimas del fascismo como sucedió en toda Europa cuando terminó la Segunda Guerra Mundial.
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