La Asociación Vecinal La Calle ha denunciado la actitud del alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, a quien acusan de haber impedido su participación en el pleno municipal de enero, pese a que previamente se les había autorizado la intervención.
Según ha explicado el presidente de la asociación, Luis Miguel Pérez, el consistorio había comunicado el pasado 27 de enero su conformidad para que el colectivo vecinal interviniera en la sesión. Sin embargo, en el momento de exponer sus preguntas, el regidor «comenzó a coaccionar al presidente de la asociación, interrumpiendo su intervención y advirtiendo que no respondería en directo». Posteriormente, según la entidad vecinal, el alcalde «impidió continuar con la pregunta porque no quería el planteamiento».
Desde La Calle señalan que esta situación supone un «nuevo atropello a la participación ciudadana» por parte del equipo de gobierno. Además, recuerdan que la decisión del alcalde de impedir la intervención contraviene la resolución del Procurador del Común, que avala su derecho a participar en los plenos.
Falta de transparencia y ausencia de respuestas
La Asociación Vecinal La Calle considera que el equipo de gobierno está dificultando deliberadamente el acceso a la información y la fiscalización de su gestión. En este sentido, critican que la transparencia del consistorio haya caído según el último informe Dyntra, pasando de un 37,04 % hace dos años a un 25,31 % en la actualidad. «Solo cumplen 41 de 162 indicadores», denuncian, señalando que municipios similares, como Aranda de Duero, alcanzan un 74 % de cumplimiento en materia de transparencia.
La entidad también reprocha que el consistorio no dé respuesta a sus escritos presentados en plazo y forma. «Algunos llevan hasta un año sin contestación», subrayan.
Temas vetados en el pleno
Según explican desde La Calle, en el pleno se les impidió formular tres preguntas sobre asuntos de interés vecinal. La primera de ellas se refería a la falta de transparencia municipal y la reducida participación ciudadana en la gestión pública. La segunda abordaba la problemática de los vecinos en viviendas protegidas que están siendo presionados por fondos de inversión. «Desde hace un año nos prometieron informarnos sobre las gestiones para garantizar el derecho a la vivienda, pero no han hecho nada», lamentan.
Por último, la tercera pregunta censurada tenía que ver con el estado de las pantallas acústicas de la localidad. «El proyecto contemplaba 1.155 metros de protección sonora, pero aún faltan 447 metros por instalar», explican. Desde la asociación denuncian que la obra ha sido ejecutada sin revisión adecuada, dejando sin protección las zonas más afectadas y malgastando dinero público en áreas sin viviendas.
«El Ayuntamiento, como promotor y conocedor del proyecto, ha hecho dejación de funciones», concluyen desde la Asociación Vecinal La Calle.
