La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha validado recientemente la autenticidad de las perturbadoras imágenes procedentes de una granja porcina en Quintanilla del Coco, Burgos. Estas revelaciones, conocidas como «La Granja del Terror», han causado consternación y han desencadenado una serie de investigaciones judiciales.
El informe del Seprona, fechado el 30 de noviembre, confirma que los escenarios mostrados en los vídeos difundidos en redes sociales se corresponden con las instalaciones de esta granja. Las imágenes, inicialmente publicadas por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA), muestran un vertedero ilegal de huesos, cráneos y cerdos en descomposición, así como buitres devorando un cerdo tras días de agonía.
Este escándalo en «La Granja del Terror» ha provocado una ola de indignación pública y demandas de acción inmediata. Guillermo Moreno, director ejecutivo de OBA, ha exigido la destitución del alcalde de la localidad y propietario de la granja, Domingo del Pozo, y el cierre definitivo de la explotación. Las acusaciones incluyen la creación de un vertedero ilegal y el maltrato animal por omisión.
Nuevo video difundido por el OBA.
Las inspecciones realizadas por la Junta y el Seprona tras la difusión de las primeras imágenes no revelaron irregularidades inmediatas. Sin embargo, el análisis detallado del material y la evidencia adicional proporcionada por OBA, incluyendo pruebas con GPS y fechas de periódicos, han llevado a la admisión de una querella contra la granja.
Además de las imágenes del vertedero ilegal, se han publicado vídeos de lechones siendo maltratados y un cerdo agonizando durante 36 horas sin atención, comida o agua. Estos hechos podrían constituir un delito de maltrato animal con agravante de acción por omisión, según la normativa vigente.
La situación en Quintanilla del Coco ha puesto de manifiesto graves fallos en los controles de bienestar animal y ha generado un debate sobre la eficacia de las auditorías y certificaciones en granjas porcinas. La última auditoría de AENOR, realizada en agosto, no detectó estas prácticas, lo que plantea serias preguntas sobre la supervisión de estas instalaciones.
