Un grupo significativo de historiadoras, historiadores, investigadoras, investigadores, profesoras y profesores ha expresado su rechazo contundente a la propuesta de «ley de Concordia» presentada por los grupos del Partido Popular (PP) y Vox ante las Cortes de Castilla y León. La declaración, titulada «Historiadores e investigadores firman una declaración contra la Proposición de Ley de Concordia del PP y Vox en Castilla y León», cuenta con la firma de reconocidas y reconocidos académicas y académicos en el ámbito nacional e internacional, como Juan Andrés Blanco, Alfredo González-Ruibal, Manuel Redero, Ricardo Robledo, María José Turrión, David Alegre, Alejandro Andreassi, Francisco Espinosa, Jaume Claret, Lorenzo Delgado, Eduardo González Calleja, Carmen Molinero, Joan Maria Thomàs, Ángel Viñas y Pere Ysàs.
Preocupación por el impacto en las políticas de memoria democrática.
Articulada a través del blog Conversación sobre la historia, la declaración destaca la preocupación de las y los firmantes por el potencial impacto negativo de esta propuesta en las políticas de memoria democrática vigentes y cuestiona la visión histórica presentada por quienes proponen la ley. Según informan las historiadoras y los historiadores, la propuesta de ley carece de justificación sustancial y deroga el decreto de memoria histórica y democrática de 2018.
Respuesta unánime de la comunidad académica.
Esta iniciativa ha generado una respuesta unánime entre las académicas y los académicos, quienes ven en ella un intento de revertir los avances logrados en materia de memoria democrática en la región y en el país en general. La ausencia de fundamentos sólidos para este cambio legal, sumada a la falta de consenso en torno al concepto de «concordia», plantea interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de esta proposición.
Manipulación de la historia española.
Esta declaración destaca la inquietud ante la manipulación de la historia española entre 1931 y 1978 que se observa en la propuesta de ley. Se critica la inclusión de la II República dentro del mismo periodo que abarca la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la Transición, sugiriendo una continuidad homogénea en términos de conflictos y violencia, lo cual distorsiona gravemente la realidad histórica.
Equiparación errónea entre democracia y dictadura.
Este enfoque, según las académicas y los académicos, equipara erróneamente democracia y dictadura, obviando el carácter democrático de la II República y sus aportaciones al desarrollo político de España. La investigación histórica respalda esta perspectiva al revelar la magnitud de la represión franquista en Castilla y León, que resultó en unas 16.000 víctimas mortales.
Aspectos problemáticos de la propuesta de ley.
Las historiadoras y los historiadores también señalan varios aspectos problemáticos de la propuesta de ley, como la exclusión de las asociaciones de memoria histórica de la nueva Comisión de exhumaciones. Esta decisión representa un retroceso con respecto al decreto de 2018, que otorgaba a diversas instituciones y organizaciones un papel consultivo en estas cuestiones. Además, la disposición que limita la difusión de información sobre las víctimas y los procesos de recuperación histórica se percibe como una amenaza a la libertad de investigación y al derecho a la verdad.
Llamado a la responsabilidad democrática.
En última instancia, las historiadoras, los historiadores, las académicas y los académicos hacen un llamado a la responsabilidad democrática de los grupos políticos responsables de la Proposición de Ley de Concordia. Instan al PP y a Vox en las Cortes de Castilla y León a retirar la propuesta, en reconocimiento del deber moral de atender las demandas de todas las víctimas de la violencia política. La concordia, sostienen, no se logra mediante legislación forzada, sino a través del compromiso genuino con la justicia histórica y la memoria democrática.
Compromiso inquebrantable con la historia y la memoria democrática.
La declaración refleja un compromiso inquebrantable con la historia y la memoria democrática. En un momento en que la manipulación política de la historia amenaza con distorsionar la narrativa colectiva, estas académicas y estos académicos se alzan en defensa de una visión rigurosa y objetiva del pasado. Su llamado a la retirada de la propuesta de ley de Concordia es un recordatorio de la importancia de preservar la integridad de la memoria histórica como fundamento de una sociedad democrática y justa.
