Ya no sorprende pero hay un nuevo escándalo en el PP relacionado con espionaje y corrupción durante el gobierno de Rajoy. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía. Ambos fueron funcionarios clave durante el mandato de Mariano Rajoy. Esta imputación se relaciona con la investigación sobre una red de extorsión contra el abogado Javier Gómez de Liaño. El objetivo era impedir la difusión de información dañina sobre la caja B del PP, mientras representaba a Luis Bárcenas, ex tesorero del partido.
Centrada en la pieza 36 del caso, la investigación descubre grabaciones de tres personas. Discutían sobre chantajear a Gómez de Liaño con datos de supuestos pagos en negro por defender al mafioso ruso Zakhar Kalashov. Buscaban frenar publicaciones desde 2014 sobre la financiación irregular del PP.
En una grabación, se menciona a un abogado del Estado en excedencia, vinculado a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP. Se indica que lideraba esta operación. Cospedal, al declarar, negó saber de esta trama. Contradiciendo sus palabras anteriores sobre los pagos a los abogados de Bárcenas antes de Gómez de Liaño, a pesar de haber admitido que el PP cubría sus honorarios.
La citación de Martínez y Pino como imputados, iniciada por Gómez de Liaño y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, aún no tiene fecha para declaraciones. Aunque hasta ahora no hay vínculos directos de Martínez con los hechos, su citación se basa en anotaciones de Villarejo en sus agendas personales. Estas mencionan a “Chisco”, apodo de Martínez, y la “Operación Kalasov”. Refieren pagos de 5 millones en negro a Liaño por parte de Kalashov, algo que el abogado niega.
Por ejemplo, Villarejo anotó “Kalas – Liaño” junto a “Chisco” el 4 de abril de 2014. El 4 de agosto, anotó: “Sergi dice que Liaño recibe dinero en Suiza”. Estas entradas de 2014, junto a dos de 2013, fundamentan la imputación de Eugenio Pino.
Es crucial recordar que Martínez y Pino enfrentan acusaciones en la operación Kitchen. Esta operación, enfocada en el espionaje a Bárcenas con fondos reservados, buscaba sabotear la investigación de la caja B del PP. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de 15 años de cárcel para cada uno. Esta operación, vista como estrategia parapolicial para obstruir la justicia, ha llevado a que este nuevo caso sea conocido como una nueva Kitchen que azota otra vez al gobierno de Rajoy.
