Se veía venir según cómo se iban sucediendo las declaraciones en los últimos días y finalmente, Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha votado en contra de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Esta decisión, que se produce tras el rechazo de sus enmiendas por parte del PSOE, ha llevado la normativa de vuelta a la Comisión de Justicia para continuar con las negociaciones.
La ley, que necesitaba una mayoría absoluta para su aprobación, ha sido frenada con 179 votos en contra y 171 a favor, sin abstenciones. La postura de Junts, que anteriormente había apoyado el dictamen, cambió radicalmente después de que sus propuestas de enmiendas, que buscaban incluir cualquier delito en la amnistía, incluso los calificados como terrorismo o traición, acabasen descartadas.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha enfatizado en su discurso la necesidad de una “amnistía integral”, argumentando que la ley actual presenta lagunas que podrían permitir a ciertos magistrados no aplicar la amnistía. Este rechazo de Junts obstruye la Ley de Amnistía y ejerce más presión al Gobierno, forzando una revisión que podría extenderse hasta un mes.
La “Fachosfera” se frota las manos y ERC se muestra crítica.
PP y Vox, por su parte, han mantenido una postura crítica, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusando al PSOE de buscar un relato de convivencia a cambio de impunidad para los votos independentistas. En contraste, ERC y EH Bildu han criticado la decisión de Junts, instando a no perder la oportunidad de impulsar la ley.
En concreto, ERC no acaba de entender cómo una ley que en palabras del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, es una “Ley robusta”, y pide a Junts que vuelva a la senda de la responsabilidad por el bien de la superación del conflicto catalán.
La situación actual plantea un escenario complejo para el Gobierno, que ahora debe navegar entre las exigencias de Junts y las críticas de la oposición. La ley, considerada clave en la legislatura, busca abrir una nueva etapa en Cataluña, garantizando la convivencia y desjudicializando el conflicto político. Sin embargo, esta maniobra de Junts pone en duda el futuro inmediato de la normativa y el equilibrio político en el Congreso.
