La Asociación Vecinal La Calle de Laguna de Duero denuncia el autoritarismo reiterado del alcalde de la localidad, Avelino Álvarez, al impedir de forma arbitraria que estos puedan realizar preguntas en los Plenos. Cumpliendo todo lo recogido en el artículo 15.3 del R.O de participación ciudadana, solicitan intervenir con una antelación de 26 días por medio de registro oficial. Sin embargo, ponen de manifiesto que Álvarez ignora este derecho y de forma radical impide que puedan exponer sus reclamaciones y propuestas.
Recientemente la Asociación Vecinal La Calle, de Laguna de Duero, miembro de la Federación Provincial de Asociaciones de vecinos y Consumidores Antonio Machado, solicitó 4 preguntas al pleno municipal con tiempo de antelación suficiente y vía sede electrónica. Tres de ellas en fecha de 4 de enero y una en conjunta con la Asociación Local Ateneo en fecha 19 de enero de 2024. A pesar de contar con la confirmación de que secretaría las tramitó a Alcaldía, el alcalde afirmó que no habían llegado dos de ellas y de forma radical no permitió su exposición. Según manifiestan desde la asociación, este hecho supone un acto más de censura, que entienden tiene que ver con la motivación de las propias preguntas: Problema de la vivienda de alquiler y ordenanzas fiscales.
Lamentan que este no es un proceder nuevo y que se está convirtiendo en habitual la vulneración del derecho a participar cuando por óptica ideológica no gusta el contenido al popular Avelino Álvarez.
La Calle clama contra una problemática en torno al acceso a la vivienda en Laguna de Duero.
La LEY 29/1994, de arrendamientos urbanos, establece una serie de obligaciones tanto para el arrendatario como el arrendador. La norma también prohíbe aumentar las rentas de alquiler a razón de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos «a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente», lo que evitará «una posible vía para el fraude de ley» y se eliminarán «las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes».
El Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, por norma general, es responsabilidad del arrendador y no puede obligar al arrendatario a asumir su coste. Desde La Calle lamentan que en Laguna de Duero el precio de los alquileres «está desbocado, y sube de forma exponencial por encima de IPC y además muchas propiedades en manos de Testa, perteneciente a fondos de inversión, establecen cláusulas abusivas».
Este tipo de situaciones son el mejor caldo de cultivo para especular con la necesidad, imponiendo condiciones inasumibles a los inquilinos. Manifiestan que el coste medio de la hipoteca o el alquiler (contando gastos) superan el 30 % de los ingresos medios de los hogares en esa zona (alcanza en muchos casos 600€). Además, de que el precio de compra o del alquiler en los últimos 5 años experimenta un crecimiento acumulado de al menos 3 puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma. Ambas son condiciones no indispensables, es decir que pueden darse una u otra para pedir la declaración de zona tensionada y con ello aplicar la vigente Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
La okupación como excusa para ignorar los problemas reales que sufre la ciudadanía.
Lamentan que en el último pleno, cuando se ha tratado el problema de la vivienda solo se ha puesto el foco sobre «la okupación», cuando el problema mayoritario que la población sufre es el acceso a la vivienda. Así lo muestran los datos del informe sobre las oficinas «antiokupación» de Castilla y León con una ínfima demanda, mientras no se da cumplimiento al artículo 47 de la Constitución Española.
Habida cuenta de la Ley 7/2022, de 8 de abril y lo especificado en sus artículos 11 y 12, desde la Asociación Vecinal La Calle de Laguna de Duero exigen obtener respuestas acerca de los residuos urbanos. Teniendo en cuenta el acuerdo de derogación de la tasa de recogida de residuos y el pago de su gestión a través del IBI y no habiendo modificado las ordenanzas fiscales, desde la fuente se preguntan si realmente van a implantar una nueva tasa de basuras en las ordenanzas discales, y si en el caso de que la gestión de residuos se abone en otro concepto, eliminarán el coste de recogida de R.S.U.
En su comunicado, La Calle exige al alcalde Avelino Álvarez que deponga su actitud autoritaria y respete el derecho democrático de participación vecinal en los plenos.
