La Junta de Castilla y León ha decidido lanzar, a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para 2023, dejando en el olvido las prometidas el pasado año. A pesar de la creciente frustración ciudadana, la administración ha establecido el inicio del plazo de solicitud para el 1 de diciembre, finalizando el 15 de enero de 2024.
El presupuesto destinado para estas ayudas al alquiler, que asciende a 19,72 millones de euros, parece una cifra generosa. Sin embargo, ¿qué garantías existen de que no se repetirá el mismo patrón del año anterior? De este monto, 630.045 euros están destinados a arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Pero, con la gestión actual, ¿cuántos realmente recibirán esta ayuda?
Promesas y excusas. La dinámica de la Junta de Castilla y León.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, bajo la dirección de Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha intentado defender su gestión, pero las excusas suenan vacías. A pesar de las críticas, el consejero insiste en que la Junta de Castilla y León es la única administración que garantiza subvenciones a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos.
La sombra de las ayudas de 2022 es una losa más sobre la gestión de la Junta. Aunque se reabrió un periodo para corregir errores en algunas solicitudes, la administración sigue sin dar respuestas concretas. Esta inacción genera desconfianza y cuestiona la capacidad de la Junta para gestionar eficientemente recursos y compromisos.
Por si fuera poco, la Junta también ha anunciado subvenciones para mejorar la accesibilidad de viviendas con un presupuesto de 3,06 millones de euros. Pero, dada la gestión actual, ¿podemos confiar en que estas ayudas se materialicen?
Lo que sí queda claro es que la Junta de Castilla y León parece estar más interesada en hacer anuncios que en cumplir promesas. Los ciudadanos merecen una administración transparente y comprometida.
