En Salamanca, la reciente reubicación del Juzgado de Menores ha desencadenado una serie de críticas y preocupaciones. Los sindicatos STAJ, CSIF, CCOO y UGT han señalando que la nueva ubicación en la séptima planta del edificio en la Avenida del Doctor Torres Villarroel no cumple con los requisitos necesarios para un órgano judicial de estas características.
La protección de los menores debe ser la prioridad.
La principal preocupación radica en el espacio limitado del juzgado y la sala de vistas, considerados insuficientes para las necesidades de un juzgado penal que maneja casos de menores. Los funcionarios han expresado su inquietud por la incapacidad de garantizar una separación adecuada entre menores infractores y víctimas, lo que podría generar problemas de seguridad. La situación se agrava al considerar que la sala de vistas se encuentra dentro del mismo espacio que las oficinas del juzgado, lo que implica un tránsito constante de menores infractores, víctimas, testigos y familiares.
Además, el edificio alberga oficinas de otras administraciones, como la Unidad de Carreteras del Estado y la futura sede de la Confederación Hidrográfica del Duero. Esta cohabitación con dependencias no judiciales plantea un riesgo adicional para la protección de la intimidad de los menores y su posible estigmatización, dada la naturaleza pública y compartida de los espacios comunes.
Otro aspecto crítico es la accesibilidad. Actualmente, un ascensor está fuera de servicio y otro en reformas, lo que dificulta el acceso al Juzgado de Menores. Esto contraviene el Real Decreto 193/2023, que garantiza la accesibilidad universal y la prestación de apoyos necesarios en las oficinas públicas, incluyendo la Administración de Justicia.
Los sindicatos también han señalado la inadecuada separación física entre el Juzgado de Menores y la Fiscalía, que trabaja estrechamente con él. Esta distancia podría afectar la eficiencia y la coordinación en los casos judiciales.
Los sindicatos insisten en que se debe encontrar un espacio que cumpla con los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento del órgano y un adecuado servicio al ciudadano.
