El gobierno municipal, liderado por PP y VOX, ha decidido reducir drásticamente la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid. Esta decisión, que «descuartiza» laZBE, representa un retroceso significativo en los esfuerzos por un aire más limpio y una ciudad más sostenible.
La medida, anunciada por los concejales de Tráfico, Alberto Gutiérrez Alberca (PP), y Comercio, Víctor Martín (Vox), reduce la ZBE a un tercio de su tamaño original, dejando su extensión en apenas 1,1 kilómetros cuadrados. Este cambio supone un alejamiento notable de la ordenanza prevista para entrar en vigor en enero de 2024, que había sido diseñada por el anterior equipo de gobierno, formado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra, y reflejada en el Plan Integral de Movilidad (Pimussva) de 2021.
El negacionismo de VOX ante el cambio climático se impone en Valladolid.
La justificación de esta reducción, según Gutiérrez Alberca, se basa en que Valladolid ya cumple con los parámetros de calidad del aire establecidos por la OMS. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la preocupación creciente por la salud ambiental y la calidad de vida urbana. El Informe de Calidad del Aire de 2022 indica que, aunque las emisiones de NO2 están por debajo del valor límite anual, la OMS recomienda reducciones más significativas para 2030.
El impacto de esta decisión no se limita solo a la calidad del aire. La nueva delimitación de la ZBE excluye a importantes colegios y hospitales, dejando fuera zonas clave para la protección de los más vulnerables. Además, el proceso de implementación de las restricciones de tráfico se prevé lento y lleno de incertidumbres, con un horizonte que se extiende hasta 2026 para las primeras medidas y 2030 para las más estrictas.
La capital vallisoletana solo vislumbra estancamiento en su horizonte.
La oposición, liderada por el PSOE, ha criticado duramente esta medida. Luis Vélez, exconcejal de Movilidad, ha señalado la falta de transparencia y la posible pérdida de subvenciones destinadas a mejorar la sostenibilidad urbana. Este retroceso en las políticas de movilidad sostenible no solo afecta a la calidad del aire, sino que también pone en riesgo la salud y el bienestar de los ciudadanos de Valladolid.
Este empeño por «descuartizar» la zona de bajas emisiones de Valladolid es un claro ejemplo de cómo las políticas ambientales, cuando gobierna la derecha, pueden ser sacrificadas por intereses propios y negacionistas. Este acto no solo representa un paso atrás en la lucha contra la contaminación y el cambio climático, sino que también pone de manifiesto la falta de compromiso con el futuro.
La reducción de la Zona de Bajas Emisiones en Valladolid supone un duro golpe a las aspiraciones de una ciudad más verde y saludable. Esta decisión, lejos de reflejar un compromiso con el bienestar de los ciudadanos, muestra una preocupante indiferencia hacia los desafíos ambientales y de salud pública que enfrentamos hoy en día.
