La reciente proposición de Ley de Concordia por parte de PP y VOX en las Cortes de Castilla y León ha encendido las alarmas entre partidos políticos, asociaciones de memoria histórica y sindicatos. Esta ley, calificada por sus críticos como un intento de legitimar la dictadura franquista, ha sido objeto de un rechazo unánime por parte de estos sectores, que ven en ella “una amenaza directa a los valores democráticos y a la memoria colectiva de España”.
Duras críticas de la oposición.
La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha sido una de las voces más críticas, describiendo la ley como “miserable” y acusándola de promover un “adoctrinamiento fascista”. Sánchez ha hecho un llamado directo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, instándolo a intervenir y retirar el texto de la Ley de Concordia, que considera un retroceso en los esfuerzos por preservar la memoria histórica y honrar a las víctimas del franquismo.
La proposición no sólo ha suscitado la preocupación por su contenido, que según los críticos, equipara a víctimas con verdugos y omite referencias explícitas al golpe de estado y a la represión franquista, sino también por el contexto en el que se presenta. En palabras de Sánchez, esta ley representa un “peaje” que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, estaría dispuesto a pagar a Vox, situando a su gobierno en la esfera del “extremismo radical”.
Sumar se une a la crítica de la oposición en CyL.
Desde la formación política Sumar se ha lanzado un comunicado expresando su más enérgico rechazo a la Proposición de Ley de Concordia presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox de Castilla y León. En el documento, Sumar condena lo que considera un atentado contra los principios de verdad, justicia y reparación en materia de memoria histórica. Exigen que el Partido Popular y Vox retiren su propuesta y pidan disculpas a las asociaciones de víctimas del franquismo, a las que consideran gravemente ofendidas por la declaración. Subrayan que reconocidos historiadores internacionales contradicen la versión de los proponentes de la ley, reafirmando el carácter represivo y unívoco de la dictadura franquista. SUMAR advierte que esta medida no solo desafía el Estado de Derecho y la legislación vigente en materia de memoria histórica, sino que también constituye un profundo agravio para las víctimas de la represión franquista.
Rechazo desde el sindicalismo y asociaciones de memoria histórica.
El rechazo hacia la Ley de Concordia se extiende más allá de los partidos políticos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado un escrito exigiendo la retirada de la ley, que califican como una “operación de blanqueo de la dictadura”. Por su parte, CCOO de Castilla y León ha exigido al Gobierno nacional revisar esta proposición de ley, que choca frontalmente con la Ley de Memoria Histórica y los principios de justicia y reparación.
