A las puertas del inicio del juicio por el Caso Perla Negra, Castilla y León se enfrenta a su primer gran proceso judicial por corrupción, el primer macrojuicio por corrupción se produce en el contexto de casi 40 años bajo la administración del Partido Popular.
Este lunes, el banquillo recibirá a 12 acusados, entre ellos dos ex-viceconsejeros del gobierno autonómico, marcando un “hito” en la historia de la comunidad.
Luis Tudanca, líder del PSOE, dirige su crítica hacia Alfonso Fernández Mañueco, el presidente actual, y su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, por la concesión de un fondo millonario a un individuo bajo investigación por corrupción, implicado en la trama que ahora se dirime en los tribunales.
La adjudicación del Fondo ICE.
El Fondo ICE Eficiencia Energética, gestionado por el Instituto para la Competitividad Empresarial liderado por Carriedo y financiado con 15 millones de euros de la Junta, ampliables a 30 mediante fondos europeos, se le otorgó a la empresa de Francisco Armero, un exfuncionario autonómico. Armero, acusado en la operación, enfrenta la solicitud de la Fiscalía de 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación por delitos que incluyen revelación de secretos y fraude, entre otros, cometidos de 2005 a 2011.
Clave Mayor S.A., la única postulante en la convocatoria de marzo de 2023 y perteneciente a Armero, fue seleccionada bajo criterios que Tudanca califica de “curiosos”, como la ausencia de una inversión privada asegurada pero requerir experiencia previa en gestión de fondos de capital riesgo.
Gestión previa cuestionada.
El historial de Clave Mayor, con seis fondos similares gestionados, uno de ellos también de la Junta de Castilla y León, muestra un balance negativo para la comunidad, con pérdidas significativas frente a los beneficios obtenidos por la gestión de la empresa. Tudanca pone en duda la eficacia de este modelo de gestión, sugiriendo un patrón de beneficios para la empresa gestora a costa de las arcas públicas.
Supervisión y antecedentes de corrupción.
La supervisión de estos fondos, en particular el de 2008, estaba a cargo de ADE-Gesturcal, entidad vinculada a prácticas cuestionables y donde Armero ocupó un cargo financiero. Su traslado a Clave Mayor se produjo tras ser cesado por su implicación en casos de corrupción, lo que ahora resurge en el juicio del Caso Perla Negra y el Polígono de Portillo, con más de una década de instrucción y peticiones de condena que superan los 220 años de prisión en total.
Llamado a la responsabilidad y crítica a las palabras de García-Gallardo.
Tudanca exige que Mañueco y Carriedo comparezcan ante las Cortes para explicar esta adjudicación a un “presunto corrupto”, criticando la falta de intención del gobierno regional de limpiar su imagen. Además, confronta las recientes declaraciones del vicepresidente Juan García-Gallardo intentando relacionar inmigración y delincuencia.
“No es en el colectivo inmigrante donde debe buscar, ni en Cruz Roja ni en ACCEM, sino en el Gobierno de Castilla y León del Partido Popular, que estadísticamente es el colectivo con mayor número de delincuentes en los últimos años” zanjó Tudanca.
