El Tribunal Supremo ha desestimado las denuncias presentadas por Vox, encabezado por Santiago Abascal, contra el proceso de investidura de Pedro Sánchez. Este rechazo subraya el firme rechazo del tribunal a la interferencia judicial en la política, una línea que Vox ha intentado cruzar repetidamente. Sánchez, elegido Presidente del Gobierno, se ha enfrentado a múltiples acusaciones por parte de Vox, que ha buscado frenar su nombramiento mediante denuncias judiciales.
El partido de extrema derecha recibe acusaciones de intentar que los jueces interfieran en la investidura de Pedro Sánchez. Esta táctica ha sido criticada por el Tribunal Supremo, que reitera que las decisiones políticas, como la formación de un gobierno, están fuera de su jurisdicción. La Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, reafirmó que las negociaciones políticas para formar un gobierno son actos inherentes a la actividad política y no sujetos a intervención judicial.
Una de las herramientas de la ultraderecha para interferir en la democracia.
Vox ha enfrentado una serie de reveses en sus intentos de usar el sistema judicial contra sus adversarios políticos. La dinámica del partido de recurrir a querellas y denuncias, seguida de un silencio cuando estas son rechazadas, se ha vuelto una práctica habitual. Las acusaciones dirigidas contra Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Félix Bolaños, y otros representantes políticos, incluyendo a líderes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, reciben un rechazo sistemático. Estas acusaciones incluían delitos graves como conspiración para la rebelión y malversación, pero no encontraron respaldo en el tribunal.
El intento de Vox de paralizar la investidura de Pedro Sánchez no solo se limitó a los tribunales, sino que también se extendió a la esfera pública y política. A pesar de su activa oposición en las infaustas noches neofascistas en la calle Ferraz, la investidura procedió con total normalidad. Los esfuerzos del partido por detener la investidura incluyeron recursos contra las decisiones del tribunal y ampliaciones de sus denuncias, una estrategia que ha resultado infructuosa.
Tirón de orejas para VOX.
En su reciente resolución, el Tribunal Supremo subrayó que la jurisdicción penal no es el foro apropiado para disputas políticas. La magistrada Carmen Lamela, en su ponencia, explicó que las negociaciones políticas para la investidura de un presidente son esencialmente actos políticos y no pueden ser objeto de litigio penal. Además, el tribunal indicó que cualquier consideración sobre la ley de amnistía, mencionada en las denuncias de Vox, corresponde al Tribunal Constitucional y no al Supremo.
El fallo del tribunal, es concluyente y no admite recurso alguno. La estrategia de Vox, que incluye denuncias por delitos como prevaricación y cohecho, son consistentemente fruto de inadmisión.
En su crítica al intento de Vox de interferir en la investidura de Pedro Sánchez, el Tribunal Supremo envía un mensaje claro: la independencia judicial es fundamental y no debe comprometerse por maniobras políticas.
