Las reiteradas críticas del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han forzado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid a comenzar a ofrecer información sobre la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya entrada en vigor con régimen sancionador está prevista para el 1 de julio de 2025.
Aunque desde VTLP valoran que se empiecen a conocer algunos criterios sobre su funcionamiento, mantienen su preocupación por lo que califican como una “comunicación débil y tardía” por parte del Ejecutivo local, ante una medida que afectará directamente a miles de vecinos de la capital.
“Gracias a las numerosas denuncias que hemos hecho desde el grupo municipal sobre la nula información disponible hasta ahora, el equipo de gobierno empieza a dar alguna luz sobre el funcionamiento de la zona de bajas emisiones”, señala Rocío Anguita, portavoz de VTLP.
Según Anguita, el gobierno local ha comenzado a plantear cuestiones como los criterios de exención, los tipos de vehículos que podrán acceder a la zona restringida o las condiciones de entrada, pero insiste en que “lo que observamos es una clara falta de voluntad para implantar esta zona de bajas emisiones de manera obligatoria”.
En su opinión, la información proporcionada sobre la ZBE hasta la fecha resulta insuficiente y genera una situación de incertidumbre entre los residentes. “El gobierno está eludiendo su obligación de informar de forma completa y detallada a todas las personas que viven dentro de la zona, quienes se encuentran preocupadas e incertidumbres sobre el futuro de sus vehículos y su movilidad a partir del 1 de julio de 2025”, añade. “Consideramos que es una grave irresponsabilidad y exigimos que se comunique de manera clara y abierta tanto a los residentes como a la ciudadanía en general sobre los criterios de acceso y el funcionamiento de esta medida”.
Desde VTLP subrayan que la transparencia es esencial para evitar confusiones y garantizar que la ciudadanía esté adecuadamente informada sobre las implicaciones de la normativa en el centro urbano. Asimismo, reclaman que se habiliten canales de comunicación efectivos que permitan conocer de antemano las condiciones y las posibles alternativas de movilidad, facilitando así una transición ordenada y respetuosa con el bienestar de la población.
