CCOO y UGT han exigido al Gobierno de España que intervenga en Castilla y León, en virtud del artículo 155 de la Constitución para asumir directamente las competencias en mediación laboral. Esta solicitud, dirigida al Delegado del Gobierno en la región, Nicanor Sen, responde a la situación crítica del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), asfixiado financieramente por la Junta de Castilla y León.
Fernando Fraile, Secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, junto a Cándido Alonso, han denunciado la actitud de la Junta, que ha dejado al SERLA sin los fondos necesarios para su funcionamiento, incluida una partida de 400.000 euros ya insuficiente para el año 2024, replicando la insuficiencia del año anterior.
La ausencia de financiación ha paralizado las mediaciones laborales, dejando más de 600 conflictos sin resolver y a trabajadores y empresas sin la posibilidad de ejercer sus derechos en esta materia. La gravedad de la situación se refleja en los impagos de nóminas, alquileres y servicios básicos, lo que directamente compromete la operatividad del SERLA.
Fernando Fraile ha expresado su frustración, señalando que «La Junta se ha declarado en rebeldía», y criticando la falta de acción para resolver esta crisis: «esta situación se ha generado porque no hay voluntad de la Junta, no entendemos por qué no se ha agilizado el trámite para aprobar los 400.000 euros que ya están gastados de antemano».
Además, Fraile ha lamentado que el SERLA continúe siendo noticia por el «acoso y derribo de la Consejería de Empleo» y ha enfatizado la obligación de la Junta de financiar el SERLA, conforme a una sentencia del Tribunal Supremo que le otorga la exclusividad en mediación laboral en la comunidad.
¿Agravio intencionado por parte de la Junta de Castilla y León?
Esta inacción de la Junta, según Fraile, juega con los intereses de trabajadores y empresas, mientras que la propuesta de un local por parte de la Junta para el SERLA se considera insuficiente para las necesidades del servicio.
Este llamamiento al Gobierno central busca restablecer la funcionalidad del SERLA, garantizando el derecho a la mediación laboral en Castilla y León y poniendo fin a una situación marcada por la «mala fe de Veganzones (el Consejero de Empleo) y consentido por el PP».
Fraile ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la extrema derecha en el gobierno de Castilla y León para resolver esta situación, subrayando la necesidad de «un poco de vergüenza y seriedad porque están jugando con los intereses de los trabajadores y de las empresas».
La resolución de este conflicto se presenta como un imperativo para la justicia laboral y la equidad en la región, instando a una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes.
VOX y PP: Suma y sigue en su catastrófica gestión.
Las acciones y decisiones de Mañueco y García-Gallardo han ocupado los titulares por ser algunas de las más insólitas y cuestionables de estos tiempos: Casos de tuberculosis bovina, otorgar subvenciones de más de 270,000€ para enseñar a los jóvenes a clavar banderillas, gastar 17,000€ en el eslogan «Castilla y León. Excelente» con un logo tomado de un banco de imágenes, y el negacionismo climático evidente en las filas de VOX, son apenas ejemplos de las polémicas surgidas en un gobierno que parece inclinarse más hacia una “guerra cultural” promovida por la extrema derecha, con la complicidad del Partido Popular de Mañueco.
