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El curso de verano de la nieta de Le Pen y VOX pagados con fondos públicos de la Junta CyL

El curso de verano de Le Pen y VOX lo paga la Junta

En la emblemática ciudad de Segovia, un curso de verano se gesta bajo el manto de la controversia. La Junta de Castilla y León se ha sumado como patrocinador a una iniciativa que reúne a la ultraderecha de España y Francia. El nombre de la nieta del fundador del Frente Nacional francés, Marion Maréchal-Le Pen, y el partido español Vox, resuenan en los muros históricos de Segovia.

El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), así se autodenomina la entidad detrás del curso. En el folleto que circula, aparece el logotipo de la Junta de Castilla y León, junto al de la supuesta academia fundada por Maréchal y Vox en 2018. Los temas a tratar en este curso incluyen la hispanidad, la nación española, y el globalismo.

Sin embargo, hay un detalle que despierta el interés público: el patrocinio se realiza con dinero público. La Consejería de Cultura, bajo el control de Vox, es quien lleva las riendas de este patrocinio mediante la Fundación Siglo. Aunque el contrato aún no está firmado, el Gobierno autonómico confirmó su compromiso financiero. La cifra exacta, en cambio, sigue siendo un misterio.

¿Quiénes están detrás del ISSEP?

Se trata de una marca registrada de Tizona Comunicación SL. Entre los accionistas se encuentra Kiko Méndez-Monasterio, periodista y antiguo asesor parlamentario, así como Gabriel Ariza, relacionado con el Grupo Intereconomía. Además, Méndez-Monasterio tiene una estrecha relación con Santiago Abascal, líder de Vox.

El equipo académico del curso de verano de la ultraderecha es tan variopinto como polémico. Figuran Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior; Javier Tebas, presidente de La Liga; y el coronel Pedro Baños. Uno de los objetivos declarados es formar a una “élite en el liderazgo político”.

Con un precio de 12,000 euros por un programa de 9 meses, y 7,500 euros por un programa ejecutivo, la academia se posiciona como una iniciativa elitista. Entre los participantes, se encuentra un procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León.

En medio de todo esto, una pregunta persiste: ¿Es apropiado que fondos públicos sean canalizados hacia una iniciativa que parece tener una clara inclinación política? Las respuestas a esta pregunta resuenan con fuerza en los pasillos de la política de Castilla y León.

 

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