En un acto que desafía abiertamente los principios de la memoria democrática, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, controlado por la alianza del PP con la extrema derecha de Vox, ha consumado un escandaloso retroceso en la lucha contra el legado del fascismo en España.
La reciente declaración de ‘La Pirámide de los Italianos’ como Bien de Interés Cultural (BIC) supone un agravio más a la memoria de las víctimas del franquismo y una bofetada a la cara de la democracia que tanto costó recuperar en este país.
Este monumento, erigido en “honor” a los soldados italianos caídos que vinieron a nuestro suelo a matar en nombre de Franco y Mussolini, se levanta ahora, protegido por un gobierno que parece haber olvidado la sangre derramada por quienes defendieron la democracia frente a la barbarie de fascismo.
La Junta eleva un icono de la memoria fascista española y europea.
La decisión de la Junta de declarar este monumento como Bien de Interés Cultural no solo es un acto de profanación de la memoria de los que lucharon y murieron por la democracia, sino también una clara manifestación de la peligrosa nostalgia por un pasado totalitario que algunos sectores políticos de este país parecen empeñados en revivir.
La ARMH ha puesto el dedo en la llaga al anunciar acciones legales contra este hecho, que no solo es un insulto a la memoria histórica, sino que también se erige como un desafío directo a la Ley de Memoria Democrática. Esta ley, que busca reparar a las víctimas del franquismo y eliminar los vestigios de su exaltación, se ve ahora burlada por aquellos que, desde las instituciones, deberían protegerla.
El argumento de la Junta, defendiendo el valor arquitectónico y paisajístico del monumento, es un velo transparente que apenas oculta su verdadera intención: perpetuar la exaltación de un legado fascista y franquista que debería ser condenado y relegado a la oscuridad de la historia, no ensalzado como patrimonio cultural.
La Pirámide de los Italianos, declarado Bien de Interés Cultural, lejos de ser un mero objeto de interés arquitectónico, es un símbolo de la barbarie fascista que asoló Europa y nuestro país, y su protección es un acto de complicidad con tiempos y regímenes que pensábamos haber dejado atrás.
El vicepresidente sin funciones de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), insiste en que no buscan reescribir la historia, pero sus repetidas acciones hablan más fuerte que sus palabras. Proteger un monumento que glorifica la intervención de fuerzas fascistas extranjeras en nuestra guerra civil es, en efecto, una reescritura y una distorsión de nuestra historia, una que ignora el dolor, el sufrimiento y la lucha de millones de españoles que anhelaban la libertad y la justicia.
La extrema derecha suma y sigue en Castilla y León con García-Gallardo a la cabeza.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León llegó a adornar sus redes sociales recientemente con un símbolo inspirado en el “Wolfsangel” nazi, presente en las concentraciones de ultraderecha de los últimos meses.
Su tendencia a la provocación y al escándalo se evidencia en múltiples frentes, desde altercados en las Cortes de Castilla y León hasta su participación en las concentraciones y protestas que hemos vivido por parte de la extrema derecha.
García-Gallardo ha sido objeto de debate por sus conexiones familiares con el régimen de Franco. Su abuelo materno, Juan Frings Mayer, recibió la nacionalidad española directamente de manos de Francisco Franco en 1963, algo que denota la estrecha relación y confianza entre las familias Frings Mayer y Franco. Estos vínculos familiares con el dictador arrojan luz sobre las influencias que habrían moldeado las opiniones y posturas políticas de Juan García-Gallardo.
En sus redes sociales, García-Gallardo ha defendido el franquismo con vehemencia, llegando a cuestionar por qué el franquismo era peor que la democracia.
