Han pasado ya seis meses desde que se pusiera en marcha una de las “medidas estrella” que VOX le sacó al Partido Popular en su acuerdo de gobierno: “La oficina antiokupación”, con la intención de abordar un supuesto «fenómeno que preocupa y provoca alerta social» según afirmaron dirigentes del Partido Popular y VOX.
«Crónica de una muerte anunciada».
Ya contábamos en este medio hace tres meses que los datos no eran nada halagüeños para esta oficina «antiokupación» creada por la extrema derecha en su primera incursión en un gobierno autonómico: 27 llamadas telefónicas y siete visitas presenciales. Y ahora, seis meses después, la Junta confirma el autentico desastre de esta oficina: poco más de 100 consultas y ni Ávila ni Salamanca han recibido consulta alguna.
Uno de los casos más sonados recientemente ha sido el de los okupas en Santovenia de Pisuerga, pero la rápida acción de vecinos y Guardia Civil, hizo que fueran desalojados en pocas horas. Dato mata al relato, y es que, en la legislación actual, hay mecanismos más que suficientes para actuar contra la okupación ilegal de viviendas mientras la extrema derecha se dedica a difundir bulos.
Lo que suele ocurrir en otras ocasiones, es que son los vecinos los que denuncian pero no el propietario de la vivienda, y eso provoca que se alarguen los plazos y los tiempos para el desalojo. Vecinos y vecinas de Arroyo de la Encomienda conocen esta situación y es que, la Sareb, más conocida como el banco malo que compró inmuebles propiedad de los bancos a un precio menor para sanear sus cuentas, es propietaria de 80 viviendas de las 190 de una comunidad de propietarios y algunas de ellas están okupadas. El problema radica en que la Sareb no asume responsabilidad sobre estos inmuebles ni salda las deudas que mantiene con la comunidad, que ascienden a más de 250.000€.
Una problema casi inexistente.
El consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó este servicio «Antiokupación» como una solución a un problema que, según los datos, es prácticamente inexistente.
En 2022, hubo 1.596 desahucios en la comunidad, en comparación con las 285 denuncias de ocupaciones. La despoblación, un problema real y palpable, fue la principal preocupación para el 30,5% de los encuestados en un sondeo del CIS, mientras que la ocupación ostentaba el puesto 37 en las inquietudes sociales.
La artificial alarma «Okupa» generada por el PP, pero sobre todo por VOX, para intereses políticos sin tener ningún tipo de justificación.
El tema de las ocupaciones se magnifica y utiliza como herramienta política, especialmente por VOX, para ganar apoyo. A pesar de que las cifras reales no justifican tal alarma, la narrativa del miedo se alimenta y presenta como un problema creciente y descontrolado.
Esta táctica ha permitido a partidos como VOX presentarse como los «defensores» de la propiedad privada, ganando apoyo entre ciertos sectores de la población. Sin embargo, el desgaste político de VOX en Castilla y León, evidenciado por su reducción a un único representante tras las elecciones del 23J, muestra que la estrategia basada en el miedo y la desinformación tiene sus límites.
La utilización por parte de empresas privadas de este bulo para ganar dinero.
La alarma artificial sobre las ocupaciones ha sido una mina de oro para empresas privadas «antiokupación», especialmente aquellas que venden sistemas de alarma y seguros. Empresas como Securitas Direct han promocionado la protección contra la ocupación, a pesar de que los robos en viviendas son significativamente más numerosos que las ocupaciones.
La desinformación juega un papel crucial en la percepción del problema. Bulos como «si te vas de vacaciones, encontrarás tu casa ocupada cuando regreses» se han difundido ampliamente, a pesar de ser infundados. Estos bulos son alimentados por actores con intereses específicos y se amplifican a través de las redes sociales y ciertos medios de comunicación.
