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El Ministerio de Cultura arranca con los trámites para desmantelar la Fundación Francisco Franco

El Ministerio de Cultura arranca con los trámites para desmantelar la Fundación Francisco Franco

El Gobierno ha dado un paso crucial al iniciar los trámites para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco. Esta medida se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que establece la extinción de fundaciones que realicen apología del franquismo y ensalcen su régimen dictatorial.

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado el comienzo de las actuaciones previas al procedimiento de extinción. El primer paso será recabar información y elementos de juicio que justifiquen el inicio formal del proceso ante los tribunales.

Según la ley, se considerará contraria al interés general cualquier fundación que «ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas». Esta definición encaja con los fines de la Fundación Franco, que presenta al dictador como un líder ejemplar y minimiza los crímenes de su régimen.

Una vez reunida la documentación necesaria, el Ministerio de Cultura abrirá un expediente y dará a la Fundación un plazo para presentar alegaciones. Posteriormente, se solicitará un informe a la Abogacía del Estado antes de instar judicialmente la extinción de la entidad.

La resolución final sobre la disolución de la Fundación recaerá en manos de los jueces. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro su intención de cumplir con la Ley de Memoria Democrática y poner fin a una anomalía que resulta inaceptable en el contexto europeo.

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya había adelantado en abril que la Fundación Franco estaba «en sus últimos días». Su director, Juan Chicharro, amenazó entonces con una «dura lucha» en los tribunales, pero el Ejecutivo parece decidido a llevar a cabo esta medida.

La Fundación Francisco Franco atesora un archivo con 30.000 documentos del dictador, pero se niega a cederlos a centros públicos, lo que ha generado críticas de historiadores como Julián Casanova. Expertos como Pablo de Greiff, de la ONU, han calificado su existencia como una «anomalía en Europa».

 

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