La reciente reforma laboral en Grecia, que permite una jornada laboral de hasta 13h al día, ha desencadenado un torrente de inquietudes y debates en el ámbito internacional. Este modelo, que parece ser el espejo en el que se miran PP y Vox, contrasta drásticamente con las políticas progresistas que se están implementando en otros rincones de Europa, donde la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales, sin recorte salarial, está ganando terreno.
La reforma impulsada por el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, ha introducido cambios significativos en la legislación laboral del país. Esta reforma permite a las empresas imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados para adaptarlos a las necesidades de producción, permitiendo jornadas de hasta 13 horas y un total de 78 horas de trabajo semanales. Además, la reforma permite a los trabajadores tener voluntariamente un segundo empleo, de un máximo de cinco horas diarias, junto a su actividad principal de ocho horas al día. También establece que las empresas pueden imponer un sexto día laboral por el que los trabajadores recibirán un 40% adicional sobre el salario diario.
Esta legislación ha generado un profundo malestar y controversia, tanto a nivel nacional como internacional, con miles de personas manifestándose en las principales ciudades de Grecia en contra de la nueva ley laboral. Los sindicatos y la oposición argumentan que, en la práctica, la ley convertirá los seis días laborales por semana en algo común, y critican la flexibilización de los horarios y la introducción de contratos para «empleados de guardia» que prácticamente no tendrán un horario fijo. La reforma, según los críticos, elimina derechos laborales fundamentales y avanza hacia la «plena desregulación» en beneficio de los grandes intereses empresariales.
Duro contraste con el horizonte progresista de la jornada laboral de 4 días semanales.
La comparación con otros gobiernos y políticas puestas encima de la mesa es más evidente al observar los resultados de estudios recientes sobre la semana laboral de cuatro días. En el Reino Unido, más de 70 empresas y organizaciones experimentaron con esta modalidad, manteniendo los salarios intactos. Los datos son reveladores: el 49% experimentó un aumento en la productividad, y el 46% mantuvo niveles estables. En total, el 95% de los participantes no vieron mermada su productividad.
Un informe de la OCDE de 2019 ya señalaba la disparidad entre las horas trabajadas y la productividad. México, con las jornadas más extensas, se situaba como el segundo país menos productivo por hora trabajada. En contraste, Dinamarca registraba las jornadas más cortas. Este dato subraya la relación inversa entre el exceso de horas laborales y la eficiencia en el trabajo.
En este escenario, la derecha y extrema derecha europea avanzan en una dirección preocupante, apuntando a la eliminación de derechos laborales conquistados. La jornada laboral de hasta 13h al día en Grecia se convierte en un referente de estas políticas regresivas, que encuentran resonancia en formaciones políticas españolas como PP y Vox.
La implementación de políticas restrictivas choca frontalmente con los avances logrados en derechos laborales. Los sindicatos, defensores históricos de los derechos de los trabajadores, han conseguido hitos como la jornada de ocho horas, el derecho a bajas por maternidad y paternidad, y el derecho a vacaciones pagadas. Hoy, estos logros están amenazados por ideologías que buscan desacreditar a quienes defienden los derechos laborales.
La amenaza de un gobierno PP y VOX en España: Grecia como ejemplo.
La posibilidad de un gobierno de PP y Vox en España está generando alertas en materia de derechos laborales. La coalición de estos partidos en Castilla y León está siendo un campo de prueba de políticas que ya se están implementando en otras comunidades y que podrían extenderse a todo el país, poniendo en riesgo derechos fundamentales ya conquistados.
En Castilla y León, los ataques de Vox a los sindicatos y los derechos laborales han creado un clima de tensión y confrontación. Las declaraciones de Mariano Veganzones, calificando a los sindicatos de “sanguijuelas”, reflejan una ideología que busca socavar el diálogo social y los derechos laborales.
Ante esta situación, el PSOE de Castilla y León ha tomado medidas, buscando la “reprobación” de Veganzones y defendiendo a las organizaciones sindicales.
Los sindicatos, que a pesar de sus errores siguen siendo fundamentales en la defensa de los derechos laborales, enfrentan profundos desafíos. Los avances logrados en áreas como la jornada laboral, las bajas por maternidad y paternidad, y las vacaciones pagadas, pueden empezar a estar amenazados por un gobierno PP y Vox. Esto no solo afectará a los sindicatos sino al conjunto de la sociedad española.
Ataques constantes a los derechos fundamentales.
Un claro ejemplo son las declaraciones y la actuación política de Juan García Gallardo, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León y miembro de Vox, que con un salario público de más de 80.000€ y sin competencias definidas, ha criticado las prestaciones sociales señalándolas como las culpables de la falta de mano de obra. Sus posturas extremas y sin sentido, además su relación con grupos ultraconservadores están generando enorme preocupación por el futuro de la comunidad.
Este panorama en Castilla y León podría ser un indicativo de lo que podría ocurrir a nivel nacional con un gobierno de PP y Vox. Las reformas en Grecia, que ahondan en una línea de retroceso de derechos laborales, parece ser el modelo a seguir por PP y Vox para España.
