El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha centrado su atención en la política nacional divagando sobre la Amnistía en el Senado y ha criticado a quienes, en su opinión, buscan «imponer su pensamiento único».
Estas declaraciones contrastan duramente con la grave situación que enfrenta Castilla y León desde hace 4 décadas. No por los 40 años de gobierno ininterrumpido del Partido Popular en la región sino por el férreo control y la absoluta manipulación mediática llevada a cabo desde el ejecutivo a golpe de presiones y talonario.
En este contexto, más allá de Mañueco, del Partido Popular y de su habitual red clientelar, destacan dos nombres: José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo. Ambos empresarios han construido, junto al Partido Popular, una red de influencia y control informativo que traspasa los límites geográficos de toda Castilla y León.
José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo: Los pilares mediáticos de Castilla y León.
Desde 2010, la Radio Televisión de Castilla y León ha recibido más de 144 millones de euros. Es importante señalar que, aunque es una televisión privada, recibe fondos públicos anualmente de la Junta de Castilla y León, actuando como televisión autonómica. Promecal, propietaria de RTVCYL, está controlada por la familia Ulibarri y Antonio Méndez Pozo, ambos imputados por corrupción.
RTVCYL, cuyo contrato original no implicaba pagos por parte de la Junta de Castilla y León, fue beneficiada casi de inmediato con la aprobación de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de publicidad institucional de CyL. Esta ley permitió que la financiación del medio pasase de venir solo de la publicidad a ingresar cantidades millonarias por parte de la administración pública. A pesar de ser una práctica ilegal, estuvo funcionando de este modo hasta 2012, cuando se aprobó una reforma estatal que lo permitía. Años más tarde, sería la Justicia la que condenaría a RTVCYL por el impago del IVA asociado a las subvenciones recibidas. “Milagrosamente”, la Junta abonó de manera voluntaria esta cantidad, sin solicitud por parte de la empresa y sin informe de los servicios jurídicos, sumando así otra más a la larga lista de irregularidades.
Ulibarri, originariamente constructor, diversificó sus negocios hacia los medios de comunicación. Preside Edigrup, editora de El Mundo de Castilla y León, y participa en otros medios como Diario de León, Heraldo-Diario de Soria, El Correo de Burgos, Diario de Valladolid y ESDiario.
Méndez Pozo, dueño de un amplio conglomerado empresarial, es editor de Diario de Burgos, Diario Palentino, El Día de Valladolid, Diario de Ávila, entre otros. También posee el 50% de Radio Televisión de Castilla y León. Su cercanía con el Partido Popular de Castilla y León es notoria, así como su influencia en la política regional.
En eventos de los últimos años, como el 125 aniversario de Diario de Burgos, figuras prominentes del Partido Popular, incluida la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la que fuera presidenta del Congreso, Ana Pastor, estuvieron presentes, evidenciando la estrecha relación entre el partido y el magnate de los medios.
Corrupción y clientelismo: un nexo en común.
Ambos empresarios han estado bajo la sombra de la corrupción. Ulibarri, vinculado al caso Gürtel desde 2008, fue condenado a 19 meses de cárcel por delitos como prevaricación, fraude, falsedad documental, delitos fiscales y tráfico de influencias.
Por su parte, Méndez Pozo fue el primer constructor condenado por corrupción política en España en 1994, relacionado con la construcción en Burgos. Su conexión con líderes del Partido Popular es más que evidente. Se le ha acusado de usar el Diario de Burgos para respaldar sus intereses empresariales y definir sus líneas editoriales.
Pluralidad nula y toda la información en muy pocas manos.
El derecho a una información veraz y la objetividad periodística es esencial para la salud de una democracia. Sin embargo, en Castilla y León, la concentración de medios en manos de empresarios como Ulibarri y Méndez Pozo, ambos con fuertes vínculos con el Partido Popular y varias tramas de corrupción, atenta contra dicha objetividad.
Lo que ocurre en Castilla y León no es un caso aislado. En toda España, la relación entre el poder político y el poder mediático es motivo de preocupación. Sin embargo, en esta región, la conexión entre el Partido Popular, actualmente con Mañueco, Vox, y estos magnates mediáticos es especialmente fuerte. Esta relación ha favorecido la creación de redes clientelares, corrupción y una preocupante falta de pluralidad informativa.
Además, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta culminaron con un notable peso de la ultraderecha en el Ejecutivo autonómico. Vox participa directamente en la elaboración, autorización, seguimiento y evaluación de las campañas de publicidad institucional.
La situación en Castilla y León es un reflejo de los desafíos que enfrentan los medios en toda España. La relación entre magnates mediáticos y partidos políticos, en particular el Partido Popular y Vox, favorecen la creación de redes clientelares, corrupción y una preocupante falta de pluralidad informativa. La objetividad y la independencia de los medios son esenciales para garantizar una sociedad informada y democrática.
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