El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid ha anunciado que demandará a la institución provincial ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la prestación irregular del servicio de Extinción de Incendios a los municipios de más de 20.000 habitantes. El portavoz del PSOE, Francisco Ferreira, ha presentado una solicitud administrativa previa a la demanda judicial para exigir la regularización del servicio mediante la firma de convenios y aportaciones económicas por parte de los ayuntamientos beneficiarios.
Según Ferreira, «los municipios de más de 20.000 habitantes deben prestar el servicio de extinción de incendios de forma propia, o bien, suscribiendo un convenio para que se les preste dicho servicio. Pero la realidad es que la Diputación está prestando el servicio sin ningún título habilitante que legitime esa prestación y sin ninguna percepción económica». El portavoz socialista recuerda que en diciembre de 2020, su grupo presentó una proposición que fue aprobada por unanimidad para regularizar esta situación, pero el equipo de gobierno provincial no ha ejecutado el acuerdo.
La Diputación incumple los acuerdos.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León emitió una resolución en diciembre de 2021 que respaldaba la posición del PSOE, indicando la necesidad de regularizar el servicio a través de convenios que establezcan las aportaciones económicas de los municipios. Informes posteriores de la Jefa de Área de Asistencia y Cooperación a Municipios y de la Secretaria General de la Diputación han confirmado esta obligación.
Ferreira estima que desde 2021, los municipios de más de 20.000 habitantes deberían haber aportado unos 8,8 millones de euros por este servicio, un dinero «que se ha detraído a los municipios pequeños» por la «mala gestión» y el «despropósito» del presidente provincial, Conrado Íscar, al no ejecutar el acuerdo. El portavoz socialista niega que su grupo pretenda que los vecinos de estos municipios paguen por el servicio, sino que reclama que se cumpla la ley mediante la firma de convenios con una contraprestación económica.
«Los Diputados y Diputadas Provinciales estamos para defender los fines propios de la Diputación Provincial, que son el prestar servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, de lo que no se entera o no quiere enterarse el Presidente de la Diputación y su Equipo de Gobierno», ha concluido Ferreira, asegurando que su grupo seguirá defendiendo los intereses de los pueblos pequeños de la provincia.
