Castilla y León se ha convertido en el laboratorio político de la extrema derecha en España desde que el Partido Popular y Vox formaron gobierno en esta comunidad autónoma.«La ley que necesita Castilla y León es la que dé oportunidades a sus jóvenes y no leyes para ensalzar al fascismo», ha declarado un doctor en historia contemporánea tras analizar la nueva propuesta legislativa.
La última muestra de esta deriva ideológica es la Proposición de Ley de Concordia presentada por los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Cortes de Castilla y León. Un texto legal que ha sido duramente criticado por omitir una condena expresa a la dictadura franquista y por contravenir los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición recogidos en la Ley de Memoria Democrática, la norma sobre memoria histórica en España que queda supeditada por la Ley de Concordia autonómica.
Una ley que blanquea el franquismo.
La polémica ley, registrada el pasado 26 de marzo, suprime la palabra «dictadura» para referirse al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia, al que denomina simplemente como «Franquismo». Además, rehúsa condenar expresamente los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante este oscuro capítulo de la historia de España.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su firme oposición a la Ley de Concordia castellanoleonesa, advirtiendo de que la llevará ante el Tribunal Constitucional si finalmente es aprobada por las Cortes autonómicas. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Torres considera que la norma impulsada por PP y Vox «vulnera el derecho internacional» y contraviene los principios fundamentales de la Ley de Memoria Democrática. Por ello, el Gobierno central está dispuesto a utilizar todas las herramientas legales a su alcance para impugnar esta legislación autonómica.
El ministro ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez ya ha anunciado recursos ante el Constitucional contra leyes de memoria histórica aprobadas en Aragón y la Comunidad Valenciana por gobiernos de PP y Vox. En esa línea, ha garantizado que actuará con la misma contundencia en el caso de Castilla y León.
Verdad, Justicia y Reparación.
Podemos Castilla y León ha acusado a PP y Vox de omitir deliberadamente los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en su propuesta. La formación morada ha anunciado que utilizará «todos los medios a su alcance para evitar su aprobación», por entender que contraviene la Ley de Memoria Democrática, norma estatal sobre memoria histórica.
Por su parte, la plataforma Sumar impulsada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha reclamado la retirada inmediata de la «intolerable» proposición de ley. Además, exige que la Junta pida disculpas a las asociaciones de víctimas del franquismo, a las que considera que se ha «ofendido» con esta iniciativa.
Los sindicatos CCOO y UGT también han expresado su rechazo frontal a la Ley de Concordia, a la que tildan de «inaceptable ejercicio de revisionismo histórico». En un comunicado conjunto, instan a todas las fuerzas democráticas a movilizarse para frenar esta «ofensiva de la extrema derecha contra la memoria de las víctimas de la dictadura».
La batalla cultural de la extrema derecha.
Pero la Ley de Concordia no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la estrategia de la extrema derecha de librar una batalla cultural para imponer su relato y su visión del pasado. Desde que PP y Vox llegaron al poder en Castilla y León, se han sucedido las polémicas declaraciones y medidas que ensalzan la dictadura franquista y cuestionan los consensos democráticos.
El propio vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), es un firme defensor de estas tesis revisionistas. En sus intervenciones públicas ha llegado a hablar de «concordia» mientras «premian a delincuentes sediciosos y preparan el próximo golpe de estado desde el Palacio de la Moncloa», en referencia al Gobierno central. Unas palabras que evidencian su concepción autoritaria del poder y su desprecio por el Estado de derecho.
García-Gallardo, abogado de profesión, ha hecho de la confrontación ideológica su seña de identidad. Antes de dar el salto a la política activa, era conocido por su activismo ultraconservador y sus vínculos con organizaciones de extrema derecha. Su llegada a la vicepresidencia de Castilla y León supuso la materialización del proyecto político de Vox, que aspira a extender su modelo a otras comunidades autónomas y al conjunto de España. La ley que necesita Castilla y León es la que dé oportunidades para sus jóvenes y no leyes para ensalzar al fascismo, como bien apuntan los críticos.
El peligroso perfil del vicepresidente Juan García-Gallardo.
Más allá de sus palabras, inquietan los vínculos de García-Gallardo con la extrema derecha internacional. El vicepresidente castellanoleonés llegó a adornar sus redes sociales con un símbolo inspirado en el «Wolfsangel» nazi, presente en las concentraciones de ultraderecha. Su tendencia a la provocación y al escándalo se evidencia en múltiples frentes, desde altercados en las Cortes hasta su participación constante en las protestas que ha protagonizado la extrema derecha estos últimos meses.
La política de García-Gallardo, que parece sacada de una barra de bar franquista de los años 60, contrasta con la seriedad y responsabilidad que requiere su cargo. Su negacionismo y sus posturas extremistas no sólo amenazan el progreso de la comunidad, sino que también ponen en peligro la propia democracia.
El riesgo para la democracia.
La deriva autoritaria del Gobierno de Castilla y León genera una honda preocupación en amplios sectores que ven peligrar los cimientos del sistema democrático. El delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, ha advertido de que la Ley de Concordia impulsada por PP y Vox «asusta» y supone «un gravísimo intento de legitimar la dictadura franquista desde una institución».
Sen alerta del riesgo que entrañan este tipo de movimientos políticos, que buscan deslegitimar a las instituciones democráticas y crear un clima de crispación social. En su opinión, la estrategia de la extrema derecha pasa por erosionar los consensos básicos de la democracia española, cuestionar el Estado de las autonomías y promover una involución en materia de derechos y libertades.
Estas maniobras, advierte, cuentan con la complicidad de sectores reaccionarios enquistados en estructuras clave del Estado, como la judicatura, las fuerzas de seguridad o los medios de comunicación afines. Un entramado que actúa de forma coordinada para desestabilizar al Gobierno legítimo surgido de las urnas y propiciar un cambio de régimen por vías antidemocráticas.
Acceso a archivos y documentos de la Guerra Civil y el Franquismo.
Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley de Concordia es que no garantiza el acceso a los archivos y documentos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista. A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales como la Unesco y el Consejo Internacional de Archivos, el texto legal no establece medidas concretas para facilitar la consulta de esta documentación esencial para el esclarecimiento de la verdad histórica.
La primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, ya contemplaba disposiciones para garantizar el derecho de acceso a la información pública de todos los archivos pertenecientes a la Administración General del Estado referidos al período comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978 . Sin embargo, estos preceptos han sido incumplidos de forma sistemática, dificultando la labor de investigadores, historiadores y familiares de víctimas.
La Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox no solo no avanza en esta dirección, sino que supone un retroceso al omitir cualquier referencia al acceso a los archivos. Una omisión deliberada que busca perpetuar la opacidad y el ocultamiento de información relevante sobre los crímenes del franquismo, en un intento de imponer un relato oficial acrítico y complaciente con la dictadura.
Medidas de reparación insuficientes.
Otro de los déficits de la ley impulsada por la Junta de Castilla y León es la falta de medidas efectivas de reparación para las víctimas del franquismo. A pesar de que el texto menciona genéricamente el reconocimiento y la reparación de carácter económico, no concreta ninguna actuación específica ni establece dotaciones presupuestarias para hacerlas efectivas.
Esta indefinición contrasta con las disposiciones de la Ley de Memoria Democrática, que sí contemplaba un conjunto de medidas de reparación moral y económica para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Unas medidas que, si bien insuficientes, suponían un primer paso en el reconocimiento oficial de los daños causados y en la dignificación de las personas represaliadas. «La ley que necesita Castilla y León es la que dé oportunidades para sus jóvenes y no leyes para ensalzar al fascismo», una afirmación que resume las preocupaciones de buena parte de la ciudadanía ante esta polémica iniciativa legislativa.
Más en Nexo Noticias.
